El Ministerio Público de Salta propone una reforma para dar mayor autonomía a sus tres áreas
La presidenta del Colegio de Gobierno, Ada Zunino, envió al Senado un anteproyecto para modificar la Ley 7.328. La iniciativa busca otorgar mayor autonomía administrativa, funcional, económica y de gestión a las áreas Fiscal, de la Defensa y Pupilar, y redefinir las atribuciones de sus titulares.
La propuesta contempla que el Ministerio Público Fiscal, a cargo del Procurador General; el Ministerio Público de la Defensa, conducido por el Defensor General; y el Ministerio Público Pupilar, bajo la responsabilidad del Asesor General de Incapaces, cuenten con facultades propias para administrar sus recursos y organizar sus respectivas estructuras.
Entre los cambios centrales, cada titular podrá administrar y ejecutar el presupuesto de su área, designar y trasladar personal dentro de su ámbito de competencia, implementar políticas públicas específicas y celebrar convenios con organismos públicos o privados. También podrá aplicar sanciones disciplinarias leves, como prevención, apercibimiento, multas y suspensiones.
En materia de personal, los traslados dentro de un mismo asiento judicial podrán disponerse sin el consentimiento del empleado, mientras que los cambios a otro distrito requerirán acuerdo entre las partes. El proyecto también modifica los requisitos de edad y experiencia para magistrados: establece 30 años de edad y diez años de ejercicio profesional o judicial para quienes actúen ante la Corte y las cámaras, y 26 años de edad y seis años de ejercicio para las demás instancias.
El Colegio de Gobierno conservará funciones centrales
La iniciativa no elimina el Colegio de Gobierno, sino que lo mantiene como órgano común de coordinación, integrado por los titulares de las tres áreas. Entre sus atribuciones estarán la representación institucional conjunta y la administración de los recursos correspondientes a las áreas centrales.
La presidencia tendrá una duración de dos años, con posibilidad de reelección. Para sesionar se requerirá la presencia de dos integrantes y las decisiones se adoptarán por mayoría simple, con doble voto del presidente en caso de empate. Además, los actos que impliquen disponer de fondos públicos deberán contar con la intervención de la Secretaría de Dirección de Despacho y la Sindicatura.
El organismo también conservará la facultad de designar al personal de las áreas centrales mediante concurso público y resolver de manera exclusiva las cesantías y exoneraciones.
Nuevas figuras y cambios por área
El anteproyecto incorpora la figura del coordinador coadyuvante, un magistrado con más de cinco años de antigüedad que podrá ser asignado por el titular de cada área para colaborar en tareas administrativas, organizativas y judiciales. También habilita la designación de fiscales, defensores y asesores adjuntos, mediante concurso o asignación de funciones, bajo supervisión de los magistrados titulares.
En el Ministerio Público Fiscal se reafirma la conducción de los fiscales y la intervención en asuntos vinculados con el ambiente, los consumidores y los intereses difusos. Además, se prevé crear una dependencia específica de asistencia a las víctimas y solicitar medidas de protección ante situaciones de peligro.
Para el Ministerio Público Pupilar, se establece la intervención obligatoria en procesos penales que involucren a menores, incluso cuando cuenten con un defensor técnico. En el área de la Defensa, las asesorías y consultorías jurídicas itinerantes quedarán bajo dependencia directa de la Defensoría General.
La propuesta será evaluada por la Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones del Senado, presidida por el senador Jorge Soto y con Juan Cruz Cura como vicepresidente.