Orán: el Municipio responsabilizó al Concejo por la caída de un loteo social
El secretario de Gobierno, Daniel García Ruiz, afirmó que las demoras en el tratamiento de la compra de terrenos en la zona de barrio San Cayetano hicieron caer la negociación con un propietario privado. Según sostuvo, la propuesta de $300 millones podía resolver el 80% de las solicitudes de lotes que tiene el municipio. Ahora buscan alternativas para las familias que esperan una solución habitacional.
La posibilidad de entregar terrenos a familias de Orán que esperan acceder a un lote quedó nuevamente en incertidumbre luego de que se frustrara una negociación municipal para adquirir tierras privadas en inmediaciones de barrio San Cayetano. El secretario de Gobierno, Daniel García Ruiz, atribuyó el resultado a las demoras y cuestionamientos que surgieron en el Concejo Deliberante, donde debía aprobarse la operación.
Según explicó el funcionario, la iniciativa contemplaba la compra de cuatro manzanas para destinarlas a la construcción de viviendas de vecinos que vienen reclamando una solución habitacional. El Ejecutivo había negociado con el propietario y remitido el proyecto al cuerpo deliberativo para obtener la autorización correspondiente y avanzar con el loteo.
Sin embargo, la discusión entre los concejales se extendió y la operación no llegó a concretarse. García Ruiz aseguró que, durante ese tiempo, el dueño de las tierras modificó las condiciones económicas y elevó el precio, por lo que se cayó el acuerdo que el municipio había alcanzado.
El funcionario cuestionó el tratamiento legislativo y sostuvo que las discusiones terminaron perjudicando a las familias que esperaban acceder a un terreno. Según su planteo, una iniciativa que podía avanzar con relativa rapidez quedó paralizada hasta que perdió las condiciones originales de negociación.
Una compra de $300 millones que podía beneficiar al 80% de los solicitantes
Uno de los puntos que generó diferencias entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante fue el monto previsto para la compra de los terrenos, que ascendía a $300 millones.
Frente a los cuestionamientos, García Ruiz defendió el valor de la operación y sostuvo que debía analizarse en función de la cantidad de lotes que podrían obtenerse después de la subdivisión del predio.
De acuerdo con el secretario de Gobierno, si se cumplía el procedimiento previsto, la adquisición podía dar respuesta al 80% de las carpetas de vecinos que solicitaron terrenos al municipio.
La negociación estaba planteada como una alternativa para avanzar en la demanda habitacional sin tener que esperar el desarrollo de otros proyectos de mayor complejidad. No obstante, la falta de aprobación impidió que el municipio cerrara la operación en los términos inicialmente acordados.
Dos alternativas para resolver la demanda habitacional
El municipio había considerado distintas opciones para atender las solicitudes de terrenos. Una de ellas estaba vinculada con tierras ubicadas en las inmediaciones de la Unidad Carcelaria, mientras que la otra contemplaba la adquisición de un predio privado en la zona de barrio San Cayetano.
Esta última alternativa aparecía como una de las posibilidades más inmediatas, debido a que el Ejecutivo ya había iniciado las negociaciones para comprar las tierras y luego asignarlas a los vecinos que cumplieran con los requisitos establecidos.
La frustración de esa operación obliga ahora a revisar las opciones disponibles. García Ruiz indicó que la Municipalidad busca alternativas para retomar el proceso y dar respuesta a las familias que continúan esperando una solución habitacional.
El conflicto vuelve a poner en evidencia las diferencias entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante respecto de una decisión que involucra recursos municipales y la posibilidad de ampliar el acceso al suelo urbano.
Mientras el Gobierno municipal atribuye la caída de la negociación a las demoras y cuestionamientos legislativos, la operación no llegó a concretarse y las familias siguen sin acceder a los terrenos previstos. El desafío para la administración local será encontrar una nueva alternativa que permita avanzar con el loteo social sin perder de vista los recursos disponibles y la demanda acumulada.