Hipólito Yrigoyen: la Justicia le dio tres días a la intendenta para rendir cuentas
El Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación de Orán dispuso que María Soledad Cabrera responda a los requerimientos incluidos en un amparo colectivo impulsado por la abogada Estela Mabel Castillo y vecinos de la localidad. El planteo está relacionado con pedidos de información sobre fondos públicos, obras y rendiciones de cuentas.
El Poder Judicial de Salta informó que la Justicia de Orán ordenó a la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen presentar documentación en un plazo de tres días. La medida alcanza a la intendenta María Soledad Cabrera y se dictó en el marco de una acción de amparo colectivo.
La resolución corresponde al expediente “Castillo, Mabel contra Municipalidad de Hipólito Yrigoyen – Soledad Cabrera por amparo”. La causa tramita ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda Nominación del Distrito Judicial Orán.
La presentación fue impulsada por la abogada Estela Mabel Castillo, por derecho propio y en representación de otros vecinos. Según el planteo judicial, la acción busca obtener respuestas a solicitudes de información que no habrían sido contestadas por la administración municipal.
El reclamo incluye fondos públicos, obras y rendiciones de cuentas
Entre los requerimientos mencionados en la presentación figuran datos sobre el manejo de fondos públicos, documentación vinculada con obras cuestionadas y las correspondientes rendiciones de cuentas. La orden judicial establece que el municipio deberá presentar la información solicitada ante el juzgado dentro del plazo fijado.
La acción colectiva se fundamenta en el artículo 87 de la Constitución de Salta y en normas y antecedentes jurídicos relacionados con el derecho de petición, las acciones colectivas y el amparo por mora administrativa. La presentación busca que la administración municipal responda formalmente a los pedidos de información.
En caso de incumplimiento, Castillo advirtió que podría solicitar la aplicación de una multa y promover las actuaciones correspondientes por una posible desobediencia judicial. También señaló que la falta de cumplimiento de una orden de estas características podría derivar en la apertura de una causa penal.