Embarcación: denuncian presuntas irregularidades en una obra de más de $200 millones
Mabel Castillo anunció acciones judiciales contra el Consorcio del Asfalto, que preside el intendente Carlos Funes, por posibles irregularidades en una obra de Hipólito Yrigoyen. El reclamo apunta a un desembolso superior a los $200 millones y a diferencias entre las capas de pavimento previstas y las ejecutadas.
La abogada Mabel Castillo anunció que impulsará una demanda contra el Consorcio del Asfalto por presuntas irregularidades en la construcción de la colectora de la Ruta Nacional 50, en Hipólito Yrigoyen. La letrada busca obtener información sobre la ejecución de la obra y el uso de los fondos destinados al proyecto.
Según su planteo, la obra habría recibido más de $200 millones, pero existirían diferencias entre las especificaciones técnicas y el pavimento ejecutado. Castillo afirmó que la colectora debía contar con más de cinco capas de material, aunque sostuvo que solo se habrían colocado dos. Estas afirmaciones deberán contrastarse con la documentación técnica correspondiente.
Castillo señaló que el 5 de octubre presentó un pronto despacho para reclamar una respuesta a su pedido de información. Según explicó, el plazo que considera aplicable es de tres días y, ante la falta de contestación que denuncia, decidió avanzar con acciones judiciales.
“El 5 de octubre presenté el pronto despacho, en sí tiene tres días para contestar y hasta hoy no contestó, por lo que voy a demandar”, afirmó.
El reclamo por la falta de respuesta y los fondos de la obra
La abogada explicó que solicitó información después de que, según indicó, la intendenta de Hipólito Yrigoyen, Soledad Cabrera, señalara en la contestación de una demanda que no tenía responsabilidad sobre la obra. Castillo sostiene que los trabajos estuvieron a cargo del Consorcio del Asfalto, en cuya conformación, según afirmó, figuran la jefa comunal y Carlos Funes, intendente de Embarcación.
La letrada también cuestionó la falta de acceso a los datos sobre la obra y sostuvo que la información pública debe estar disponible para los ciudadanos.
“Las autoridades elegidas deben dar la información y lo puede hacer un ciudadano común, un pedido de información, y ellos tienen la obligación de dar esa información”, expresó. Además, indicó que parte de los datos sobre los fondos destinados a la colectora figurarían en el Boletín Oficial.
Por ahora, los cuestionamientos corresponden a los planteos de la abogada y deberán esclarecerse mediante documentación, peritajes y las respuestas de las autoridades involucradas. El punto central será determinar si la obra cumplió con las especificaciones previstas y cómo se utilizaron los fondos públicos. Hasta el momento, la información proporcionada no incluye una respuesta del Consorcio del Asfalto ni de Carlos Funes sobre las acusaciones.