Anestesistas denuncian “incumplimiento de acuerdos” y ya son 60 las cirugías suspendidas en Orán
El conflicto entre los médicos anestesiólogos y el Ministerio de Salud Pública de Salta, encabezado por Federico Mangione, sumó un nuevo capítulo de tensión con la decisión oficial de recurrir a la Fiscalía de Estado ante la continuidad de la suspensión de cirugías programadas en hospitales provinciales.
La medida profundizó una controversia que lleva meses sin resolverse y que combina reclamos por prestaciones pendientes de pago, honorarios congelados y compromisos de actualización salarial que, según denuncian los profesionales, nunca fueron cumplidos. Mientras las autoridades sanitarias sostienen que las obligaciones económicas se encuentran dentro de los plazos contractuales, los anestesistas aseguran que el Gobierno desconoce acuerdos previamente alcanzados y evita abrir una instancia efectiva de negociación. La disputa ya tiene consecuencias concretas sobre el funcionamiento de los servicios quirúrgicos, particularmente en el norte provincial, donde el hospital San Vicente de Paúl de Orán reportó alrededor de 60 operaciones suspendidas durante los últimos diez días. La interrupción afecta intervenciones de traumatología, cirugía general, pediatría y ginecología, entre otras especialidades, y agrava las dificultades de pacientes que, en muchos casos, llevaban meses aguardando una fecha para ser operados.
En ese contexto, la gerenta de la Asociación Salteña de Anestesia, Analgesia y Reanimación (ASAAR), Luciana Gandolfi, dialogó con el periodista Héctor Alí para FM Pacífico y expuso la posición de los profesionales frente a la judicialización del conflicto, las diferencias económicas con el Ministerio y las consecuencias que la situación genera en el sistema público. La representante rechazó que la suspensión de cirugías programadas pueda considerarse un abandono de pacientes y aseguró que los especialistas continúan garantizando la atención de urgencias, emergencias, mujeres embarazadas, niños y pacientes oncológicos. También sostuvo que la asociación mantiene su disposición a negociar, pero responsabilizó a las autoridades sanitarias por la falta de respuestas. “Abandono de persona no hay porque se siguió atendiendo con normalidad, se sigue atendiendo con normalidad todo lo que son pacientes oncológicos, mujeres embarazadas, niños, urgencias, emergencias”, afirmó Gandolfi, al ser consultada sobre las actuaciones que el Ministerio habría remitido a la Fiscalía de Estado.
Cuestionan la judicialización y aseguran que Salud evita el diálogo
Uno de los principales cuestionamientos formulados por la representante de ASAAR estuvo dirigido a la decisión de trasladar el enfrentamiento a los tribunales cuando, según sostuvo, los profesionales vienen solicitando reuniones desde hace meses para encontrar una solución. Gandolfi explicó que tomó conocimiento de las actuaciones judiciales a través de la información difundida públicamente y consideró que la presentación resultaba innecesaria si existía voluntad política de resolver las diferencias contractuales. “Tampoco se puede gobernar y tampoco se puede administrar a través de amparos y acciones judiciales”, expresó, y aseguró que el Ministerio viene incumpliendo sistemáticamente las obligaciones establecidas en el convenio que mantiene con los profesionales. En ese sentido, sostuvo que resultaría contradictorio exigir judicialmente el cumplimiento de determinadas prestaciones cuando, desde la perspectiva de la asociación, la propia cartera sanitaria no respetó los compromisos asumidos. La gerenta cuestionó, además, que se destinen recursos públicos a iniciar acciones judiciales sin haber agotado las posibilidades de negociación directa. Según relató, se habían sucedido advertencias oficiales sobre la posibilidad de recurrir a la Justicia, pero no se concretaron reuniones que permitieran avanzar sobre las demandas planteadas. “Hubiese sido mucho más simple que directamente se comunique conmigo, con algún miembro de la comisión directiva, con algún médico anestesiólogo y pudieran hablar. No hacía falta ir a la Justicia”, manifestó. Gandolfi también aseguró que los representantes de la asociación se presentaron reiteradamente en las oficinas ministeriales para solicitar audiencias, pero que los encuentros comprometidos no llegaron a realizarse.
Dos reclamos: prestaciones pendientes y honorarios congelados
Mientras el Ministerio sostiene que las liquidaciones se encuentran dentro de los plazos de 30 y 60 días establecidos por convenio, desde ASAAR advierten que el reclamo no se limita a los tiempos de pago, sino que incluye una actualización de honorarios comprometida durante 2025 y que, según denuncian, todavía no se concretó. Gandolfi explicó que, al momento de la entrevista, la cartera sanitaria había terminado de transferir a los hospitales los fondos correspondientes a las prestaciones realizadas en julio, mientras que agosto continuaba pendiente de cancelación. Sin embargo, señaló que el principal punto de conflicto está relacionado con el valor de esas prestaciones, que permanece sin modificaciones desde julio del año pasado. “El médico anestesiólogo del hospital público tiene congelados sus honorarios desde julio de 2025 hasta la actualidad”, afirmó, y recordó que en una negociación anterior se había acordado incorporar las actualizaciones de anestesia a las pautas paritarias del personal sanitario. Según su relato, el compromiso se había alcanzado durante una reunión de la mesa de salud en la que participaron autoridades ministeriales y representantes profesionales. Allí se habría establecido que las prestaciones de anestesia recibirían actualizaciones equivalentes a las negociadas para el resto del sector. No obstante, Gandolfi aseguró que transcurrieron los meses sin que ese acuerdo se tradujera en modificaciones efectivas de los honorarios. Desde enero, explicó, los profesionales comenzaron a solicitar reuniones para obtener respuestas, pero las gestiones no permitieron resolver el atraso. La representante estimó que las actualizaciones acumuladas en las negociaciones sanitarias rondan el 34,8%, cálculo que vinculó con los incrementos acordados durante el segundo semestre de 2025 y los dos semestres de 2026. Para ASAAR, esa diferencia refleja el deterioro del valor de las prestaciones frente a la evolución de los ingresos del resto del personal sanitario, aunque el porcentaje mencionado corresponde a una estimación de la propia asociación y no a una liquidación oficial incorporada al material. “Las actualizaciones por paritarias son para todo el personal de salud y es absolutamente discriminatorio que a un sector no se le otorgue si se había acordado”, cuestionó Gandolfi, quien insistió en que los profesionales no están solicitando un tratamiento excepcional ni aumentos por fuera de las pautas previamente negociadas.
La polémica por los ingresos de los anestesistas
Otro de los aspectos abordados fue la controversia generada por declaraciones oficiales sobre los ingresos que perciben los especialistas. Gandolfi rechazó las afirmaciones que presentaron a los anestesiólogos como profesionales con remuneraciones millonarias y sostuvo que esa caracterización provocó un perjuicio a la imagen pública de la especialidad. La representante recordó que, durante una discusión anterior, Mangione había mencionado cifras que fueron cuestionadas por ASAAR y que, según explicó, llevaron a la entidad a realizar una auditoría con intervención de un escribano público para documentar los valores efectivamente percibidos. “Se creó en la sociedad una idea de que el médico anestesiólogo que trabaja en el hospital público es súper mega millonario, que cobra honorarios elevadísimos, y eso no es verdad”, sostuvo. Gandolfi explicó que las modalidades de contratación y remuneración varían entre los establecimientos provinciales y mencionó el caso del hospital San Bernardo, donde conviven médicos anestesiólogos de planta con un sistema de prestaciones modulares.
Lo que dijo Mangione sobre el tema
Días atrás, el ministro Federico Mangione había cuestionado los reclamos económicos de los anestesiólogos y señalado que estaban “muy bien pagos”, al tiempo que reclamó mayor solidaridad frente a las dificultades presupuestarias provinciales. “Nosotros reconocemos nuestro error y pagamos, ahora no tenemos dinero para aumentos”, expresó el 26 de octubre. Desde Salud también se informó que durante 2026 se habían destinado $4.143 millones a prestaciones del sector y se sostuvo que las liquidaciones se realizaban conforme a los plazos contractuales. La cartera sanitaria planteó que la normalización de las cirugías programadas era una condición para retomar las negociaciones.
Orán, afectada por la falta de cirugías
Mientras el enfrentamiento permanece sin resolución, las consecuencias comienzan a manifestarse con especial intensidad en el hospital San Vicente de Paúl de Orán, uno de los principales establecimientos sanitarios del norte provincial y centro de referencia para una extensa población que depende de sus servicios. De acuerdo con la información difundida sobre la situación del establecimiento, durante los últimos diez días se suspendieron alrededor de 60 cirugías programadas correspondientes a distintas especialidades. La reducción de la actividad quirúrgica mantiene habilitadas las intervenciones consideradas prioritarias, pero posterga procedimientos necesarios para pacientes que, en numerosos casos, arrastran problemas de salud desde hace meses. El hospital cuenta con un plantel de cuatro anestesistas y recibe demandas provenientes de San Ramón de la Nueva Orán y de localidades como Aguas Blancas, Los Toldos, Isla de Cañas, Colonia Santa Rosa, Urundel, Pichanal e Hipólito Yrigoyen, además de parajes rurales que encuentran en ese establecimiento una de sus principales posibilidades de acceso a intervenciones de mayor complejidad. La interrupción de las cirugías impacta sobre una estructura sanitaria que habitualmente debe responder a una demanda regional considerable y que, incluso en condiciones normales, enfrenta dificultades para organizar turnos y reducir los tiempos de espera. La gerenta general del hospital, Silvia Gutiérrez, advirtió sobre situaciones especialmente preocupantes entre adultos mayores afiliados al PAMI que aguardaban intervenciones traumatológicas después de haber completado extensas gestiones para conseguir prótesis de cadera.