“Controlar no es conservar”: cuestionan el cupo de caza de 30 mil iguanas
El doctor en Biología Enrique Derlindati advirtió, en diálogo con Nuevo Diario, que la fiscalización de los cueros comercializados no garantiza la conservación de la especie. Tras la autorización provincial para capturar hasta 30 mil iguanas coloradas, cuestionó la falta de información pública sobre el estado de las poblaciones y reclamó políticas ambientales sustentadas en evidencia científica.
La decisión del Gobierno de Salta de habilitar una nueva temporada de aprovechamiento comercial de la iguana colorada, con un cupo máximo de 30.000 cueros hasta el 31 de marzo de 2027, abrió interrogantes sobre la sustentabilidad de una actividad que combina intereses económicos, prácticas tradicionales de las comunidades del Chaco salteño y la conservación de la biodiversidad. En un análisis compartido con Nuevo Diario, el doctor en Biología Enrique Derlindati cuestionó los criterios utilizados para autorizar la extracción y advirtió que los controles administrativos sobre la comercialización no son suficientes para garantizar que las poblaciones silvestres puedan sostenerse en el tiempo. La medida, oficializada mediante la Resolución N.º 899/2026 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, habilita la actividad en los departamentos de Anta, San Martín, Rivadavia y Orán, además del municipio de El Galpón. Establece un ancho mínimo de 30 centímetros para los cueros y un pago de $10.000 por pieza, con un cupo inferior en 10.000 unidades al autorizado durante la temporada anterior. Sin embargo, para Derlindati, reducir el número permitido de capturas o registrar las pieles comercializadas no constituye, por sí mismo, una garantía de conservación.
Sin información pública no hay manejo sustentable
El especialista explicó que, desde el año 2000, Salta desarrolla el aprovechamiento comercial de la iguana colorada (Salvator rufescens), particularmente en comunidades de la región chaqueña, donde la captura representa una actividad económica y cultural arraigada. Aunque reconoció la importancia de esa fuente de ingresos para familias originarias y criollas, sostuvo que su continuidad debe depender de evaluaciones científicas capaces de determinar el verdadero impacto de la extracción sobre la especie. En ese sentido, señaló que, si bien la Provincia registra información sobre los cueros comercializados, no se conocen públicamente informes integrados y periódicos que permitan evaluar las tendencias poblacionales, demostrar la sustentabilidad de las capturas o justificar técnicamente las cuotas autorizadas. El biólogo remarcó que estudiar reptiles de gran tamaño en extensas regiones presenta dificultades metodológicas, pero esa complejidad no puede utilizarse como argumento para prescindir del monitoreo. «Que sea más difícil no significa que sea prescindible», sostuvo, al reclamar un programa específico de gestión de fauna silvestre, con indicadores biológicos, evaluaciones periódicas y resultados disponibles para la sociedad.
El valor de los cueros y una cadena desigual
Otro aspecto señalado por Derlindati es la distribución de los beneficios económicos. Las iguanas son capturadas principalmente con perros entrenados, que localizan a los animales en sus madrigueras. Posteriormente, las pieles pasan por intermediarios y curtiembres hasta llegar a mercados internacionales. Según los valores mencionados por el investigador, una piel por la que el cazador recibe alrededor de 10 dólares puede alcanzar un valor de exportación superior a los 700 dólares, una diferencia que, advirtió, requiere documentación precisa para establecer cómo se distribuyen las ganancias. La discusión, por lo tanto, no se limita a conservar la especie, sino que también alcanza a las condiciones en las que participan las comunidades que sostienen la actividad extractiva.
Derlindati explicó que las iguanas coloradas cumplen funciones ecológicas importantes, desde el consumo de invertebrados y la dispersión de semillas hasta su participación en las cadenas alimentarias de los bosques chaqueños. Advirtió que la presión de captura, combinada con la pérdida y fragmentación del hábitat, podría provocar disminuciones poblacionales y alterar procesos ecológicos fundamentales. Por eso, insistió en que la política ambiental debe pasar de una lógica centrada en autorizar y fiscalizar cueros hacia un sistema de manejo adaptativo, que permita modificar las decisiones según los resultados científicos y contemple la participación de las comunidades involucradas. Para el especialista, la consigna de producir conservando solamente tendrá sentido si se traduce en información accesible, controles efectivos y decisiones respaldadas por evidencia. El debate deja planteada una pregunta central para la Secretaría de Ambiente: si la Provincia puede demostrar científicamente que la extracción autorizada de 30.000 iguanas no comprometerá la continuidad de sus poblaciones o si, por el contrario, el sistema actual permite controlar la comercialización sin conocer suficientemente sus consecuencias ambientales.