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Pichanal: la Justicia exige a YPF un plan para sellar el pozo petrolero tras años de contaminación

Desde 2018, familias rurales denuncian emanaciones de gases y fluidos, además de la mortandad de cientos de animales. Tras la quiebra de President Petroleum, la Justicia intimó a YPF y a la exconcesionaria a presentar un plan de cierre definitivo del pozo Lomas de Olmedo X-10.

El pozo está emplazado en terrenos fiscales provinciales, dentro del área hidrocarburífera Puesto Guardián, en jurisdicción del municipio de Pichanal, departamento Orán. Su entorno comprende el paraje La Estrella, donde familias dedicadas a actividades rurales denunciaron en 2018 las consecuencias de las emanaciones de gases y fluidos.

El 16 de agosto de 2023, productores ganaderos realizaron denuncia policial a la empresa President Petroleum S.A., subsidiaria de President Energy por contaminación con líquidos y gases tóxicos. 

La denuncia de ganaderos por contaminación y mortandad de animales

Los productores ganaderos Aureliano Reyes y Ramón Corbalán denunciaron que, desde 2018, comenzaron a intensificarse las emanaciones de gases en las inmediaciones del pozo petrolero Lomas de Olmedo X-10, en Pichanal.

Según su presentación, el 15 de agosto de 2023 aparecieron cráteres en el terreno de los que emergían líquidos blanquecinos y gases acompañados de fuertes ruidos. Dos días después comenzó una mortandad de animales vacunos y equinos, que inicialmente alcanzó unos 30 ejemplares y que, según estimaciones posteriores aportadas por los denunciantes, superaría los 350 hasta el momento de la denuncia.

La denuncia también describe alteraciones del suelo, presuntas filtraciones subterráneas, vegetación seca y muerte de fauna silvestre, además de antecedentes de posibles episodios de contaminación desde 2016.

Como respaldo, Reyes aportó fotografías, videos, testimonios y certificaciones, junto con un acta del juez de Paz de Pichanal, Luis Flores, quien habría constatado la presencia de líquidos, olores intensos y animales muertos.

La presentación plantea la posible existencia de un grave daño ambiental y productivo, cuya magnitud, causas y responsabilidades deben determinarse mediante estudios técnicos y actuaciones judiciales.

Intervención de la provincia

En junio de 2025, la Provincia de Salta promovió una acción judicial de reparación ambiental contra seis empresas petroleras que participaron sucesivamente en la explotación del área Puesto Guardián, donde se encuentra el pozo Lomas de Olmedo X-10. La demanda busca establecer responsabilidades por los daños denunciados y exigir medidas de contención, saneamiento y remediación ambiental.

La causa judicial se identifica como “Provincia de Salta contra President Petroleum S.A.; E.P.P. Petróleo S.A.; Tripetrol Petroleum S.A.; Netherfield Corporation Sucursal Argentina; Petrolera San José S.R.L.; YPF S.A.”.

El 23 de octubre de 2026, la Justicia de Orán dictó una resolución mediante la cual intimó a YPF y President Petroleum a presentar, en un plazo de diez días hábiles desde su notificación, un plan técnico para el cierre y abandono definitivo del pozo petrolero Lomas de Olmedo X-10.

President Petroleum: de la llegada de capitales británicos a la quiebra

La historia del pozo Lomas de Olmedo X-10 también conduce a una trama empresarial que comenzó varias décadas atrás y que terminó con la quiebra de la última concesionaria del área petrolera Puesto Guardián.

El pozo fue perforado por YPF en 1983. Años después, el área pasó a manos privadas mediante una concesión otorgada en 1991 a EPP Petróleo, Tripetrol Petroleum y Netherfield Corpo-ration, cuyas participaciones fueron modificándose mediante sucesivas transferencias.

La llegada de President Petroleum se formalizó en 2012, cuando el Gobierno de Salta, durante la administración de Juan Manuel Urtubey, autorizó mediante el Decreto 3533/12 que Tripetrol Petroleum le transfiriera el 50% de los derechos y obligaciones de la concesión Puesto Guardián.

La documentación oficial contiene un detalle particularmente significativo: aquella transferencia comprendía expresamente los pasivos ambientales correspondientes a la participación cedida.

President Petroleum S.A. era una sociedad argentina que anteriormente se denominaba Onda Lumini Energía. Su vinculación con capitales británicos se desarrolló a través de la estructura empresarial de President Energy, posteriormente denominada Molecular Energies, vinculada al empresario Peter Levine.

En 2015, mediante nuevas cesiones autorizadas por la Provincia, President Petroleum pasó a concentrar el 100% de la concesión de Puesto Guardián.

Sin embargo, la situación financiera de la compañía comenzó a deteriorarse. En noviembre de 2024 solicitó la apertura de su concurso preventivo, que fue declarado abierto por la Justicia comercial el 16 de diciembre de ese año.

El proceso culminó el 12 de agosto de 2025, cuando el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N.º 23 declaró la quiebra de President Petroleum.

Posteriormente, mediante el Decreto Provincial 826/2025, Salta declaró la caducidad de la concesión y dispuso la reversión del área Puesto Guardián al Estado provincial.

Los reclamos ambientales y la intervención judicial

Paralelamente al deterioro económico de la concesionaria, se profundizaron las denuncias por emanaciones de gases y líquidos en el pozo Lomas de Olmedo X-10.

La Fiscalía Penal de Pichanal, a cargo de María Sofía Fuentes, informó que ya en 2023 la autoridad provincial había intimado a President Petroleum a realizar el cierre definitivo del pozo, una intervención que no llegó a concretarse.

El 27 de mayo de 2025, durante una audiencia judicial presidida por el juez de Garantías Ramiro Morizzio, se dispusieron nuevas medidas preventivas. La empresa, pese a haber sido notificada, no estuvo representada en aquella audiencia.

Entre las obligaciones exigidas figuraban la presentación del seguro ambiental obligatorio, estudios de impacto ambiental, un plan de contingencia, la ampliación del perímetro de seguridad y la designación de un responsable técnico para mantener comunicación permanente con las autoridades.

También se ordenó a la Secretaría de Minería y Energía constituir un Comité de Crisis para abordar la situación.

La posterior quiebra de President Petroleum agregó complejidad al problema, al abrir interrogantes sobre quién debía asumir los costos de las intervenciones y la reparación de los daños ambientales denunciados.

La situación volvió a adquirir relevancia judicial en octubre de 2026, cuando la Justicia de Orán intimó a YPF y President Petroleum a presentar un plan técnico para el cierre y abandono definitivo del pozo.

El caso plantea una cuestión que excede la situación de una empresa en particular: cómo garantizar que las obligaciones ambientales derivadas de la explotación petrolera sean efectivamente cumplidas cuando las concesiones cambian de titular o las compañías atraviesan procesos de insolvencia y de quiebra.

Un pozo que sigue emanando gases y una solución que no llega

La resolución judicial de octubre de 2026 abrió una nueva instancia en una controversia ambiental que lleva años sin resolverse. Sin embargo, la intimación a las empresas no significa que el cierre del pozo esté garantizado ni que exista una fecha cierta para su ejecución.

La medida cautelar, solicitada por la fiscal penal María Sofía Fuentes y dispuesta por el juez Ramiro Morizzio, se fundamentó en las pericias del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), que constataron la persistencia de emanaciones gaseosas y la presencia de sustancias depositadas sobre la superficie.

La Justicia consideró que esas condiciones representan un riesgo de agravamiento del daño ambiental, especialmente ante la proximidad de las lluvias estivales, que podrían arrastrar los materiales presentes en el terreno hacia propiedades agrícolas y ganaderas cercanas.

Por esa razón, la resolución, notificada el 23 de octubre, estableció dos obligaciones centrales: presentar un plan técnico para el cierre y abandono definitivo del pozo y elaborar un programa de contingencia y contención ambiental.

El primero deberá establecer la metodología de intervención, los mecanismos para impedir nuevas emanaciones, las medidas de seguridad, el cronograma de ejecución y los procedimientos de monitoreo posteriores.

El segundo deberá contemplar el aislamiento preventivo del área, las barreras de contención, el control de posibles escurrimientos y los procedimientos para recuperar y disponer de manera segura las sustancias presentes en el terreno.

Ambos requerimientos fueron establecidos con un plazo de diez días hábiles, bajo apercibimiento de las consecuencias legales correspondientes ante un eventual incumplimiento.

Seis empresas y una responsabilidad que deberá esclarecerse

La situación presenta una particular complejidad jurídica y económica: seis compañías participaron, en diferentes períodos, de la cadena de concesiones del área Puesto Guardián.

La Justicia señaló que las empresas podrían tener responsabilidad objetiva y solidaria respecto de los costos del cierre y la recomposición ambiental, sin que las transferencias de concesiones o las autorizaciones administrativas las eximan automáticamente de las obligaciones previstas por la legislación vigente.

Sin embargo, la resolución tiene carácter preventivo y provisorio. La responsabilidad definitiva de cada compañía deberá establecerse durante el proceso judicial.

Mientras tanto, la quiebra de President Petroleum, última concesionaria del área, plantea un interrogante adicional sobre la capacidad de esa sociedad para afrontar las tareas exigidas.

El tiempo judicial frente a la urgencia ambiental

La intervención judicial constituye un avance, pero también deja expuesta una contradicción: mientras los procedimientos administrativos y judiciales demandan tiempo, las emanaciones y sus posibles consecuencias ambientales no se detienen necesariamente a la espera de una resolución definitiva.

El problema adquiere mayor gravedad ante la llegada de la temporada de lluvias, cuando las sustancias acumuladas en la superficie podrían desplazarse hacia otros sectores.

La documentación oficial permite establecer que la Provincia ya había exigido a President Petroleum un plan de abandono definitivo en 2023. Tres años después, fue necesaria una nueva intervención judicial para requerir medidas orientadas al mismo objetivo.

A la fecha, la información pública consultada no permite confirmar si YPF y President Petroleum cumplieron íntegramente la intimación de octubre, si existe un plan técnico aprobado o si se estableció un cronograma definitivo de intervención.

Esas respuestas resultan fundamentales para las familias que habitan el lugar y para determinar si la resolución judicial podrá traducirse finalmente en una solución efectiva.

La pregunta que permanece abierta para los pobladores afectados es tan sencilla como trascendente: ¿cuándo dejará el pozo Lomas de Olmedo X-10 de representar un riesgo para su entorno?

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