Nación busca concesionar las rutas 34 y 50, dos corredores deteriorados
El nuevo esquema de concesiones privadas incluye a las rutas 16, 34 y 50. La iniciativa contempla la posibilidad de instalar peajes en corredores que arrastran años de problemas de infraestructura y donde municipios del norte provincial debieron intervenir para reparar la calzada.
El Gobierno nacional anunció una nueva etapa de concesiones viales privadas que incluye a las rutas nacionales 16, 34 y 50. La medida fue comunicada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y quedó formalizada mediante el Decreto 1358/2026, publicado en el Boletín Oficial.
En Salta, la decisión alcanza a dos corredores estratégicos que presentan un importante deterioro y acumulan reclamos por falta de mantenimiento.
Entre los tramos que podrían incorporarse al esquema figura el que conecta Pichanal con Aguas Blancas, sobre la Ruta Nacional 50, aunque todavía no se definieron oficialmente los sectores que serán concesionados ni la ubicación de posibles peajes.
El anuncio se produce en un contexto de fuertes cuestionamientos por el estado de las rutas nacionales.
La Ruta 50, que atraviesa el departamento Orán, presenta sectores con baches y daños en la carpeta asfáltica que dificultan la circulación. Ante la falta de respuestas suficientes de Vialidad Nacional, los municipios del norte debieron organizar intervenciones conjuntas para avanzar con trabajos de bacheo y recuperación de la calzada, con acompañamiento provincial.
Una situación similar se registra sobre la Ruta Nacional 34, especialmente en el norte salteño. En Tartagal, el municipio tuvo que impulsar trabajos de reparación en distintos sectores urbanos afectados por el tránsito pesado y el deterioro del pavimento. Además, los reclamos por el estado de la traza llegaron a la Justicia Federal, que dispuso medidas para exigir reparaciones entre Urundel y Salvador Mazza.
De acuerdo con el decreto, los tramos incluidos en el anexo deberán licitarse dentro de los próximos 12 meses, mediante un procedimiento a cargo del Ministerio de Economía y la Secretaría de Transporte.


