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Caso Balverdi: piden enjuiciar a tres funcionarias judiciales por no actuar ante los años de violencia denunciados

La historia de Romina Balverdi, una mujer de 39 años y madre de cuatro hijos que permanece bajo arresto domiciliario tras provocar la muerte de su expareja, volvió a poner en discusión los tiempos de respuesta del sistema judicial frente a las denuncias de violencia de género y las consecuencias que puede tener la falta de protección estatal.

Durante una entrevista concedida al periodista Héctor Alí para FM Pacífico, el abogado defensor Alexis Rambier Ríos reveló que presentó un pedido de enjuiciamiento contra tres funcionarias del Poder Judicial de Tartagal, a quienes responsabiliza por presuntas omisiones y demoras frente a las numerosas denuncias realizadas por su representada durante años de agresiones, amenazas y situaciones de extrema vulnerabilidad.

El caso tomó estado público luego de que Balverdi hiriera mortalmente a su expareja con un arma blanca, en un episodio que, según la reconstrucción expuesta por su defensa, estuvo precedido por una jornada de persecución y una nueva agresión en inmediaciones de la vivienda de una hermana de la mujer.

Para el abogado, lo sucedido no puede analizarse de manera aislada ni desprenderse de los antecedentes de violencia que, asegura, fueron denunciados reiteradamente ante distintos organismos judiciales sin que se adoptaran medidas suficientes para garantizar la integridad de la víctima.

Desde la infancia

Rambier Ríos describió una historia de violencia que se remonta a la infancia de Balverdi y que continuó durante su relación de pareja.

Según explicó, la mujer sufrió agresiones físicas, abusos sexuales y tormentos prolongados, incluidos golpes durante sus embarazos, fracturas, lesiones en el cuello y pérdida de piezas dentales.

El letrado sostuvo, además, que dos de sus cuatro hijos presentan discapacidades que atribuye a las agresiones recibidas por su madre durante la gestación, una afirmación que, aseguró, cuenta con respaldo en antecedentes clínicos.

También violencia a los hijos

La gravedad de ese relato se profundiza con las situaciones de violencia que, de acuerdo con el defensor, también involucraron a los hijos. Rambier Ríos afirmó que el hombre obligaba a los niños a participar de agresiones contra su madre y relató episodios de humillación y sometimiento que calificó como torturas.

Se trata de denuncias expuestas por la defensa que deberán ser valoradas junto con las constancias incorporadas a las actuaciones judiciales.

Tres funcionarias bajo cuestionamiento

Uno de los aspectos centrales de la entrevista fue la identificación de las funcionarias contra quienes el abogado dirigió su presentación.

Rambier Ríos señaló a la defensora oficial de Violencia Familiar y de Género, Valeria Magadán; a la fiscal especializada en la misma materia, Lorena Martínez; y a la jueza Susana Elba Menéndez, por lo que considera una respuesta judicial insuficiente ante el riesgo que atravesaba su clienta.

Sin respuestas

Sobre Magadán, afirmó que Balverdi acudió en numerosas oportunidades a solicitar asistencia, pero que no obtuvo respuestas efectivas. Respecto de Martínez, cuestionó la ausencia de medidas de investigación, imputación o protección frente a denuncias por lesiones graves. En cuanto a Menéndez, sostuvo que las disposiciones cautelares resultaron insuficientes, particularmente una consigna policial que, según su relato, fue establecida por apenas un día.

El abogado aseguró que la mujer había recurrido más de diez veces a la Justicia durante octubre y que incluso sus hermanas se presentaron para advertir sobre el peligro que corría. También recordó que Balverdi llegó a manifestarse públicamente para reclamar protección ante el temor de ser asesinada.

“Este jury que presenté es por mala conducta. ¿Por qué? Retardo de justicia”, sostuvo el defensor, quien aseguró haber acompañado su presentación con denuncias y elementos probatorios.

El pedido busca que se evalúe la conducta funcional de las integrantes del Poder Judicial señaladas, aunque su sola presentación no implica que las irregularidades denunciadas hayan sido acreditadas ni que el enjuiciamiento haya sido admitido.

La situación plantea un interrogante que excede el expediente individual: qué ocurre cuando una mujer denuncia reiteradamente situaciones de violencia, identifica a su agresor, reclama medidas de protección y, pese a ello, continúa expuesta. La obligación estatal de prevenir, investigar y actuar con debida diligencia constituye un aspecto central de las políticas de protección frente a la violencia de género, especialmente cuando existen antecedentes que permiten advertir un riesgo persistente.

De pedir protección a permanecer detenida

Durante la entrevista, Rambier Ríos señaló una contradicción que considera especialmente grave: mientras Romina reclamó durante años medidas de seguridad para protegerse de su agresor, actualmente permanece bajo arresto domiciliario por su muerte.

“Ella, durante muchísimos años, le pidió a la Justicia tener custodia policial porque el vago la golpeaba y la dejaba en cama. Hoy la tiene, pero con ella presa”, expresó.

El letrado confirmó que solicitó un cambio de calificación legal para que los hechos sean analizados bajo la figura de legítima defensa, teniendo en cuenta los antecedentes y el contexto de violencia denunciado. También requirió la libertad de su representada, aunque reconoció que esas decisiones dependen del desarrollo del proceso judicial y de las evaluaciones correspondientes.

Consultado sobre la situación emocional de Balverdi, explicó que atraviesa un profundo estado de conmoción y que recibe tratamiento psiquiátrico.

Según relató, la mujer reconoce haber provocado la muerte de su expareja y manifiesta arrepentimiento, pero presenta dificultades para reconstruir lo ocurrido durante el episodio.

Por esa razón, el abogado aseguró que evita abordar determinados aspectos del hecho hasta contar con la autorización de la profesional que la asiste.

Legítima defensa

El defensor también reconoció que existen antecedentes judiciales de absoluciones en casos donde se consideró acreditada la legítima defensa, aunque advirtió que no constituyen situaciones habituales.

En caso de avanzar hacia la instancia de debate, indicó que el expediente podría llegar a un juicio por jurados.

El reclamo por las responsabilidades judiciales

Rambier Ríos anticipó que buscará entrevistarse personalmente con integrantes de la Corte de Justicia para impulsar el tratamiento de la presentación contra las funcionarias.

Además, destacó la intervención de los medios de comunicación en la visibilización del caso y consideró que la repercusión pública contribuyó a acelerar respuestas que, según su experiencia, suelen demorar considerablemente.

“La prensa fue la que se conmovió por el caso e hizo que la Justicia reaccione”, sostuvo, al tiempo que cuestionó la falta de transparencia y de conocimiento público sobre quienes integran las estructuras judiciales.

A lo largo de la conversación, el abogado también expresó posiciones críticas sobre las políticas y la legislación vinculadas al género, aunque esas consideraciones no modifican el eje de su presentación: determinar si existieron incumplimientos concretos de los deberes de protección y actuación por parte de las funcionarias denunciadas.

Mientras se aguardan definiciones sobre ambos procesos, la historia vuelve a desnudar la distancia que puede existir entre denunciar la violencia y obtener una protección efectiva. Una distancia que, cuando las respuestas llegan demasiado tarde, puede tener consecuencias irreversibles para las personas involucradas y sus familias.

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