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Pidieron la destitución del juez Soria por frenar las obras del Mercado

La Municipalidad de Salta denunció al magistrado por presunto mal desempeño e incumplimiento de sus deberes y solicitó su suspensión.

Cuestiona una serie de resoluciones que afectan los trabajos en el subsuelo del mercado, cuya primera etapa de reconstrucción tiene un 70% de avance.

Una eventual paralización general pondría en riesgo 100 puestos de trabajo.

El conflicto por la reconstrucción del Mercado San Miguel llegó al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. La Municipalidad de Salta presentó una denuncia contra el juez Víctor Raúl Soria, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia de Segunda Nominación, y solicitó su suspensión provisoria y posterior destitución por presuntas irregularidades en las resoluciones que ordenaron frenar trabajos en el subsuelo del histórico edificio.

La presentación, realizada por el procurador municipal Matías Risso, cuestiona una serie de decisiones adoptadas entre octubre y noviembre de este año, en el marco de una acción de amparo impulsada por la Fundación San Miguel, presidida por el exadministrador del mercado, José “Pepe” Muratore.

Según el Ejecutivo municipal, el magistrado habría excedido sus atribuciones al intervenir en decisiones administrativas vinculadas con un inmueble público.

La denuncia sostiene que no se trata de cuestionar la interpretación jurídica de una sentencia, sino de un presunto patrón de actuaciones que habrían interferido en competencias propias del Municipio.

El conflicto tiene como antecedente un convenio de concesión del subsuelo firmado en agosto de 2022 entre el Ente Descentralizado Mercado San Miguel y la Fundación San Miguel. La actual administración municipal considera que esos acuerdos presentaban incompatibilidades y posibles conflictos de intereses, debido a las responsabilidades que Muratore ejercía en ambas instituciones.

Tras una revisión administrativa, el Municipio declaró la inexistencia jurídica de los convenios mediante una resolución de julio de 2025. La Fundación cuestionó esa decisión y posteriormente acudió a la Justicia para impedir modificaciones en el subsuelo del edificio. Las resoluciones que motivaron la denunciaUno de los principales cuestionamientos se dirige a la medida cautelar dictada el 15 de octubre, mediante la cual Soria dispuso restricciones sobre el espacio en disputa.

La Municipalidad sostiene que el juez anticipó una decisión vinculada con el fondo del litigio sin acreditar debidamente los requisitos de la cautelar ni exigir una contracautela que garantizara eventuales daños. Otro punto se relaciona con la recusación presentada por el Ejecutivo el 27 de octubre. Según el escrito, el magistrado rechazó por sí mismo el planteo y posteriormente denegó una apelación, situación que derivó en un recurso de queja ante la Corte de Justicia de Salta.

La tercera actuación cuestionada ocurrió el 10 de noviembre, cuando Soria modificó el alcance de las restricciones judiciales a partir de una publicación periodística sobre los avances de la reconstrucción del mercado y su reapertura prevista para 2027.

La Municipalidad denuncia que el magistrado amplió la prohibición de innovar sin escuchar previamente a la otra parte y ordenó paralizar los trabajos en el subsuelo, al mismo tiempo que solicitó constatar la existencia y magnitud de esas obras.

La medida judicial se concentra en el sector subterráneo del mercado, donde está prevista la recuperación del estacionamiento. No implica, por sí misma, la suspensión de la totalidad de la reconstrucción.

El riesgo para 100 trabajadores y la reapertura

La controversia se produce cuando la primera etapa de recuperación del Mercado San Miguel alcanzó aproximadamente un 70% de ejecución, luego del incendio que afectó gravemente el edificio en noviembre de 2024.

La Municipalidad proyecta habilitar nuevamente parte de las instalaciones durante los primeros meses de 2027.

Desde el Ejecutivo advierten que las restricciones judiciales podrían generar demoras, mayores costos, eventuales reclamos de la empresa contratista y la prolongación de los gastos destinados a mantener la actividad comercial en espacios alternativos.

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