Disputa judicial entre una bodega y la Municipalidad de Cafayate
Una de las bodegas más importantes de Salta mantiene una disputa judicial con la Municipalidad de Cafayate por el cobro de tasas que considera improcedentes.
Se trata de Piattelli Vineyards, la reconocida firma vitivinícola y turística de capitales estadounidenses, que acudió a la Justicia Federal para cuestionar el sistema de recaudación municipal y exigir precisiones sobre los servicios que supuestamente justifican los tributos.
La controversia quedó expuesta en una investigación publicada por Gente de Salta, basada en documentación judicial presentada por Artel Inc., la sociedad que opera la marca. La empresa sostiene que el municipio le exige pagar por inspecciones que nunca se habrían realizado, además de aplicar una tasa sobre ingresos provenientes de operaciones desarrolladas fuera de Cafayate. El planteo empresarial se sostiene sobre tres cuestionamientos.
El primero apunta a la efectiva prestación de los servicios de inspección, seguridad, salubridad e higiene por los cuales se cobra la tasa municipal. La firma exige que las autoridades identifiquen qué controles realizaron desde el inicio de sus actividades, en qué fechas, qué funcionarios participaron y cuáles fueron los aspectos fiscalizados. El segundo cuestionamiento refiere a una presunta superposición de funciones con el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), organismo encargado de controlar la producción vitivinícola en todo el país.
Piattelli asegura que sus establecimientos, materias primas y procesos de elaboración ya están sujetos a controles nacionales por los cuales abona los aranceles correspondientes. Para respaldar su posición, presentó documentación contable que registra pagos al INV por aproximadamente 14,5 millones de pesos entre 2013 y octubre de 2025, correspondientes a sus establecimientos de Mendoza y Salta. La tercera objeción está relacionada con la base imponible utilizada por la Municipalidad.
Según la demanda, Cafayate aplica una alícuota del 0,6% sobre la facturación atribuida a toda la provincia de Salta, incluyendo operaciones comerciales realizadas fuera del territorio municipal. La empresa considera que ese mecanismo excede las facultades tributarias locales.
Millones en juego y pedidos de explicaciones
El conflicto tuvo antecedentes administrativos antes de llegar a los tribunales. Durante 2025, Artel ingresó a un plan de regularización por obligaciones correspondientes a distintos períodos de 2024 y los primeros meses del año siguiente. Los seis comprobantes incorporados al expediente suman aproximadamente 11,6 millones de pesos, aunque la documentación no permite determinar si la deuda fue cancelada completamente.
Además de cuestionar los cobros, la compañía solicitó información sobre los recursos municipales destinados a las inspecciones, incluyendo personal, equipamiento, partidas presupuestarias y ejecución de gastos.
El objetivo es determinar si existió una contraprestación efectiva por las tasas exigidas. La dimensión económica del conflicto cobra relevancia por el perfil de la empresa. Piattelli pertenece a una familia estadounidense encabezada por Jon y Arlene Malinski, que adquirieron la bodega en 2002 y posteriormente expandió sus inversiones hacia Salta. En 2013 inauguró su establecimiento en Cafayate, con una inversión estimada en 12 millones de dólares, a la que luego sumó emprendimientos gastronómicos y alojamiento turístico de alta gama.
LaJusticia rechazó frenar los cobros
Hasta el momento, las resoluciones judiciales no favorecieron el pedido cautelar de la empresa. El 22 de junio de 2026, el Juzgado Federal N.º 1 de Salta rechazó la solicitud para suspender provisoriamente el cobro de la tasa y los controles municipales. La decisión fue apelada por Artel, pero el 21 de octubre la Sala II de la Cámara Federal de Salta confirmó el rechazo. Los magistrados consideraron que todavía no existen elementos suficientes para determinar si las facultades municipales invaden competencias nacionales o si efectivamente se prestaron los servicios cuestionados. Esos aspectos deberán analizarse durante la etapa probatoria.
La resolución no implica que la Justicia haya validado definitivamente el sistema de cobro de Cafayate, sino que consideró que no estaban acreditados los requisitos necesarios para suspenderlo de manera preventiva. Según la investigación periodística, las autoridades municipales no respondieron a las consultas realizadas para conocer su posición frente a la demanda.
El expediente continúa abierto y plantea una discusión que excede a una bodega: hasta dónde llegan las facultades tributarias de los municipios, qué servicios deben prestar para justificar sus tasas y cómo se determina la base sobre la que pueden cobrar. Mientras tanto, Cafayate conserva la posibilidad de exigir el tributo y Piattelli deberá demostrar judicialmente los fundamentos de su reclamo.


