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Otra mujer asesinada en una mediación con su expareja, un lugar donde debía estar protegida

El femicidio ocurrido este jueves 19 de noviembre en Chicoana volvió a poner bajo cuestionamiento los mecanismos de prevención y protección frente a la violencia de género en Salta. Una mujer fue asesinada de un disparo mientras participaba de una instancia de mediación con su expareja en una dependencia pública.

El principal sospechoso, un efectivo de la Policía provincial, escapó tras el ataque y posteriormente fue encontrado gravemente herido en una zona descampada. Murió mientras era trasladado al hospital. El crimen ocurrió en un espacio institucional destinado a la resolución de conflictos, una circunstancia que profundizó la conmoción y abrió interrogantes sobre las condiciones de seguridad en las que se desarrollan estas instancias, particularmente cuando existen antecedentes o indicadores de violencia de género. La investigación quedó a cargo de la fiscal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet. Apenas seis días antes del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el asesinato provocó una inmediata reacción de organizaciones feministas, que volvieron a reclamar respuestas concretas frente a la reiteración de hechos de violencia extrema y las dificultades que encuentran muchas mujeres para acceder a medidas efectivas de protección. Desde Ñawi, Observatorio Popular Feminista de Salta, advirtieron sobre la gravedad de que una mujer fuera asesinada precisamente en un ámbito institucional donde debía encontrar una instancia de resolución del conflicto. “No alcanza con conmemorar el 25N. Necesitamos políticas públicas efectivas, instituciones que protejan, prevención, seguimiento de las situaciones de violencia y respuestas estatales que lleguen antes de que sea tarde”, expresaron. “La violencia de género no es un asunto privado. Es una responsabilidad colectiva y una deuda del Estado”, señalaron desde la organización, que también reclamó justicia y cuestionó la distancia entre las políticas anunciadas y las respuestas que efectivamente reciben las mujeres en situaciones de riesgo. Los registros del observatorio reflejan la gravedad del escenario provincial. Ñawi había contabilizado 12 femicidios hasta septiembre y posteriormente informó 15 casos relevados entre enero y octubre, de acuerdo con sus criterios de clasificación. El asesinato de Chicoana vuelve a exigir una actualización de las estadísticas y, fundamentalmente, una revisión de las estrategias de prevención.

“Quiero llegar viva al final del juicio”

En medio de la conmoción, Constanza Lee volvió a denunciar públicamente que permanece sin protección mientras se desarrolla el juicio contra su exmarido, Ricardo Javier Fernández, acusado de abuso sexual con acceso carnal. Su testimonio adquirió una particular dimensión frente al nuevo femicidio, al poner en palabras el temor de quienes denuncian situaciones de violencia y deben continuar sus vidas mientras esperan una respuesta judicial. “El Estado no me protege”, sostuvo Lee, quien aseguró que actualmente no cuenta con consigna policial y reclamó que el acusado sea controlado mediante una tobillera electrónica.

Acompañada por su hija Sofía, dirigió su pedido al ministro de Seguridad y a las autoridades judiciales que intervienen en la causa. “Ya no quiero promesas ni palabras, quiero hechos. Nuestra vida y nuestros derechos valen tanto como los del imputado”, expresó, antes de lanzar una frase estremecedora: “Quiero llegar viva al final de este juicio”. Su reclamo también recuperó los casos de Natalia Cruz y Romina Balverdi, que volvieron a colocar bajo cuestionamiento el funcionamiento de los dispositivos de custodia y protección.

Una mujer fue asesinada dentro de una dependencia pública. Otras siguen reclamando garantías para continuar con vida mientras buscan justicia. Entre ambas situaciones aparece una misma exigencia: que las instituciones escuchen, actúen y protejan a tiempo.

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