Salta

Tras el crimen en Chicoana, advierten sobre las fallas en la prevención institucional de la violencia

El integrante del Colegio de Psicólogos de Salta, Rogelio Damián Aguirre, analizó el femicidio ocurrido en un centro de mediación de Chicoana y planteó que las instituciones deben profundizar el abordaje de la violencia. También consideró necesario revisar cómo se evalúa la aptitud de quienes tienen a su cargo el uso de armas y el ejercicio de la fuerza estatal.

Rogelio Damián Aguirre, integrante del Colegio de Psicólogos de Salta, planteó en Hora de Voces (FM Ya 91.3) la necesidad de ampliar la mirada sobre estos hechos y revisar los procedimientos de evaluación y acompañamiento dentro de las instituciones.

Desde una perspectiva psicoanalítica, Aguirre sostuvo que uno de los principales errores institucionales es no considerar que la violencia y la agresividad forman parte de la condición humana. En ese sentido, recuperó los planteos de Sigmund Freud en El malestar en la cultura, donde se aborda la renuncia a las satisfacciones individuales y a la violencia como parte de las condiciones necesarias para la convivencia social.

El profesional aclaró que ninguna de estas consideraciones justifica lo ocurrido ni exime de responsabilidad a quien cometió el crimen. Por el contrario, consideró que comprender las distintas dimensiones de la violencia es indispensable para pensar intervenciones más profundas y evitar que las instituciones se limiten a cumplir procedimientos administrativos.

En esa línea, señaló que existen situaciones en las que las intervenciones institucionales, incluso cuando parten de buenas intenciones, pueden derivar en consecuencias graves. Por eso, sostuvo que es necesario contemplar los riesgos concretos de cada caso y no dar por garantizada la seguridad de las personas involucradas únicamente por la existencia de instancias de mediación o mecanismos formales de intervención.

La evaluación de los policías que portan armas

Uno de los puntos centrales de su análisis estuvo relacionado con la responsabilidad institucional de evaluar a quienes tienen autorización para portar armas y ejercer la fuerza en representación del Estado.

“Siempre me ha parecido delicado esto de tener la responsabilidad de si la persona puede o no portar armas, sabiendo lo que puede hacer con un arma“, expresó Aguirre. En ese sentido, consideró que también debe revisarse qué criterios se utilizan para determinar si una persona está en condiciones de ejercer violencia en nombre del Estado.

El integrante del Colegio de Psicólogos remarcó que estos procesos requieren una evaluación permanente y un acompañamiento que vaya más allá de los controles formales. “No es tildar casilleros y pensar que eso termina algo”, advirtió.

Asimismo, consideró que las áreas encargadas de estas tareas necesitan más recursos humanos y mayor profundidad en sus intervenciones. Si bien reconoció que ninguna evaluación puede garantizar por completo que una persona no ejerza violencia, sostuvo que las instituciones deben estar advertidas sobre esa posibilidad y fortalecer sus herramientas de prevención.

Los femicidios y la necesidad de analizar el fenómeno en Salta

Aguirre también vinculó el caso de Chicoana con la problemática de los femicidios y planteó que su reiteración exige una reflexión que no se limite a las responsabilidades individuales o judiciales.

“La cuestión de los femicidios es compleja, es actual, es noticia todo el tiempo y qué está pasando ahí también hay que buscar”, señaló.

En ese marco, consideró necesario analizar las particularidades del fenómeno en la provincia y preguntarse por qué Salta registra una problemática que, según su planteo, requiere una atención específica en comparación con otros lugares.

“Responsables hay, pero la lectura tiene que ser más amplia y hay que ver este fenómeno y por qué en Salta sucede más que en otros lugares. No nos paramos a analizar por qué existe esto y si será un síntoma”, concluyó.

De esta manera, el profesional puso el foco en la necesidad de revisar las respuestas institucionales frente a la violencia, fortalecer los mecanismos de evaluación y acompañamiento y avanzar en un análisis social más profundo de los femicidios, sin perder de vista las responsabilidades individuales y judiciales por los hechos cometidos.

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