Concejales piden se reconozca que el crematorio es un servicio público
Los concejales le pidieron al Ejecutivo municipal que en el plazo de 30 días adecúe las actuaciones y reconozca que el servicio funerario y crematorio concesionado a la empresa Pieve es un servicio público, para que luego se adecúen las normativas vigentes y pueda funcionar.
El cuerpo deliberativo entendió que no surge de las actuaciones municipales que el crematorio se trate de un servicio público, conforme a lo establecido en los artículos 102 y 103 de la Ley Nº 6.534, Carta Municipal y lo dispuesto en la Ordenanza N° 15.593, de adhesión al Sistema de Contrataciones de la provincia de Salta, Ley Nº 8.072.
"Básicamente queremos que nos digan que (el crematorio) sí es un servicio público y a partir de allí ya podemos volver a pedir que se retrotraigan las actuaciones y que las cosas se hagan como corresponde", señaló la edil Agustina Álvarez Eichele (JC+).
La iniciativa fue elaborada por los miembros de la Comisión de Servicios Públicos, Actividades Comerciales y Privatizaciones. Su presidente y miembro informante, el concejal José García (UPS), resaltó durante el tratamiento del Proyecto que la redacción fue el resultado de las reuniones ampliadas que mantuvieron los legisladores con funcionarios municipales.
Álvarez Eichele indicó además que: "De ninguna manera estamos en contra de la inversión privada, ni de que los servicios públicos se presten de manera indirecta. Pero sí queremos dejar en claro que somos un órgano que se encarga de controlar al Ejecutivo Municipal y debemos marcar una línea".
Agregó que: "Cuando nos digan que es un servicio público tenemos que aprobar si otorgamos o no la concesión y recién la intendenta podrá sacar el decreto. La autorización tiene que ser de manera conjunta entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante".
Aclaró, además, que "Lo que pedimos no implica que Pieve puede seguir adelante con el crematorio".
Por último, remarcó que el municipio no puso las reglas claras a la empresa para que inicie el emprendimiento.
José Gauffín coincidió con lo expresado por su compañera de bancada, manifestando: "No estamos en contra de que la inversión privada satisfaga algo que es una necesidad, pero sí estamos a favor de controlar la legalidad de los actos".
En desacuerdo con el Proyecto, Alberto Salim (UCR) señaló: "Lo que se tiene que hacer es directamente declarar nula la Resolución que otorga la concesión".