El INADI se expidió por la erradicación de abusos sexuales indígenas
Luego de la repercusión nacional por la denuncia de violaciones masivas a mujeres originarias, desde el INADI expresaron su acompañamiento a las víctimas que denunciaron en febrero pasado más de 25 hechos de violencia sexual de Misión Kilómetro 2, de Pluma de Pato, Rivadavia Banda Norte.
También denunciaron la falta de filiación de hijas e hijos nacidos producto de esos abusos y reclamaron que se reconozca su derecho.
El funcionario nacional destacó el hecho de "que las mujeres hayan quebrado el silencio histórico y decidido compartir públicamente sus experiencias, porque ello posibilita que se visibilicen las atrocidades a las que fueron y son sometidas las mujeres y niñas de las comunidades, quienes resultan víctimas de violencia de género, de odio racial y de clase".
Al mismo tiempo, destacó que hoy esas víctimas puedan afrontar el reclamo públicamente, porque el abandono estatal histórico y la ausencia del Poder Judicial, profundizaron la invisibilización y violencia simbólica sobre las mujeres.
El 15 de enero, la niña Pamela Julia Flores, de la etnia wichí, fue hallada sin vida a la vera de la ruta 81, en uno de los accesos a la localidad de Pluma de Pato.
El 11 de febrero, invitados por la referente wichí, Octorina Zamora, el ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo y el delegado del INADI, participaron de la Primer Asamblea General de Mujeres Indígenas de Ruta 81, donde se abordaron problemáticas que afectan a la población.
El martes 22, mujeres de la Misión Kilómetro 2 de Pluma de Pato, Rivadavia Banda Norte, presentaron la denuncia colectiva, y se dio intervención al Ministerio Público Fiscal; a la Asesoría General de la Provincia, porque interviene en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y de las personas afectadas en su salud mental, tanto en procesos extrajudiciales como judiciales; y a la Defensoría General de la Provincia.
Ante estos hechos, Farquharson expresó la necesidad de "avanzar en las acciones necesarias que permitan sentar un precedente histórico, para que el Servicio de Administración de Justicia propicie el camino a la erradicación de estas prácticas de violencia sexual, de género y racismo".