Juzgan a un finquero, un jefe y dos subalternos de Gendarmería
Por los delitos de contrabando de granos y cohecho son juzgados el ex jefe del Escuadrón Aguaray de la Gendarmería Nacional, comandante principal Marciano Alberto Páez, el alférez Diego Ernesto Radaelli y el sargento Rodolfo Ayala, y el finquero Alberto Martín Crossa.
La aundiencia se lleva a cabo a cargo del Tribunal Oral Federal N°2 de Salta, integrado por los jueces Domingo Batule, Abel Fleming (presidente) y Gabriela Catalano.
Páez, Radaelli y Ayala están acusados por el delito de contrabando de granos. En el caso de los dos primeros, el fiscal Eduardo Villaba reclama que sea agravado por el número de intervinientes y por la participación de funcionarios de una fuerza de seguridad nacional, mientras que al sargento le endilga solo el segundo agravante.
Para los tres efectivos, la fiscalía también les imputó el delito de cohecho pasivo, en calidad de coautores. En el caso de Crossa, la acusación fue también por contrabando de granos con ambos agravantes más el cohecho, pero activo y en grado de autor.
Páez, Radaelli, Ayala y Crossa fueron detenidos el 5 de julio del año pasado y dos días después el fiscal Villalba formalizó la imputación penal ante el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya.
En la audiencia del jueves, el representante del Ministerio Público Fiscal, junto a la auxiliar fiscal Roxana Gual, presentaron el caso a los jueces, mencionaron las pruebas a producir en el juicio y precisaron la calificación legal.
En tanto, las defensas se limitaron a cuestionar la acusación, el valor de las evidencias traídas a debate por la fiscalía, sin presentar ni adelantar cuáles serán los elementos de prueba o argumentos sobre los cuales fundarán la inocencia de sus defendidos.
Villalba expuso que el sistema de “peaje” que habían impuesto los gendarmes incluía la aplicación de un férreo control a los transportistas que no accedían al pago de coimas, las cuales rondaban entre los 150 y 200 mil pesos por camión.
En el primer testimonio el contador Carlos Meneses, jefe de la División Investigación de la Regional NOA de la AFIP, reveló que, desde enero a noviembre de 2020, advirtieron que había un gran número de operaciones de transporte que eran anuladas, lo que levantó serias sospechas sobre el posible contrabando de granos. Precisó que, de un estudio específico, se pudo establecer alrededor de 45 mil traslados, de los cuales el 10% terminaban siendo anulados.
En busca de confirmar este fenómeno, entre el 25 y el 26 de noviembre del 2020, realizaron un control en los puestos de Senda Hachada y Aguaray, donde se comprobó el paso de 83 camiones. De esa cantidad, 43 traslados, con un estimativo de 1.260 toneladas de granos, fueron anulados tras superar esos puestos de control y estimó el perjuicio impositivo de alrededor de los 63 millones de pesos, solamente si se toma en cuenta la aplicación del IVA.