Lesa humanidad: piden perpetua para 4 acusados y 25 años para otros 15
El fiscal federal de la Unidad Fiscal de Jujuy, Federico Zurueta, concretó el jueves pasado la conclusión del alegato y el pedido de penas para 19 de los 20 acusados en la denominada mega causa Jujuy, que inició su debate el 21 de junio de 2018, y en la que se abordan crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 121 víctimas. La fiscalía solicitó la imposición de prisión perpetua para 4 acusados y penas de entre 7 y 25 años de prisión para otros 15.
El petitorio de la fiscalía –que también incluyó el pedido para que se absuelva a un acusado- fue el corolario de un extenso alegato que se prolongó durante todos los jueves desde el 10 de febrero pasado. En el juicio interviene el Tribunal Oral Federal de Jujuy, integrado por los jueces Federico Díaz (presidente), Alejandra Cataldi y Abelardo Basbus.
El fiscal Zurueta y la auxiliar fiscal Marina Cura se refirieron previamente a los delitos que consideraron probados en función de las pruebas testimoniales y documentales que fueron expuestas a lo largo del debate.
Los hechos que integran el objeto del proceso fueron cometidos antes, durante y después de golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 en las localidades de Libertador General San Martín, mina El Aguilar, Calilegua y Ledesma, principalmente.
En su exposición, el fiscal acusó por la comisión de los delitos de allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad, torturas, tormentos, violación sexual y homicidio, agravados por diferentes circunstancias en todos los casos.
“La ocultación de sus cuerpos fue una obra más en el perfeccionamiento de los crímenes del Estado. Para la fiscalía, no hay duda alguna que las desapariciones de las víctimas de este caso solo pueden ser entendidas como homicidios”.
Sobre los casos de allanamiento ilegal o violación de domicilio, el fiscal resaltó la inviolabilidad de esa garantía constitucional. “En ninguno de los casos ventilados en el debate se contó con orden legal”, señaló Zurueta, y también indicó que todos fueron ejecutados por las distintas fuerzas implicadas.
Respecto a la privación ilegal de la libertad, el representante del MPF destacó el abuso funcional e incumplimiento de los requisitos exigidos por la ley para estas medidas, entre ellos la existencia de un motivo. “No hubo orden judicial ni explicaciones, porque no había causas legales, lo que constituye una clara violación a las garantías constitucionales”, expuso el fiscal, quien también resaltó que todo fue parte del “plan represivo” llevado adelante por el gobierno de facto instaurado de manera inconstitucional.