La presidenta de RedSol contra los sorpresivos cortes de las “organizaciones sociales”
María Elena Jiménez, presidenta de RedSol Salta, elevó una nota al Procurador General Pedro García Castiella, en la que solicita que se investigue la legalidad de la conducta del ministro de Seguridad y Justicia Abel Cornejo a raíz de hechos ocurridos durante esta semana.
La nota alude a los cortes de tránsito que se originan cada vez que se sucede una marcha por parte de organizaciones sociales en la Capital. “Nos vimos impedidos de transitar y movilizarnos por las calles, como ya se ha hecho habitual en los tiempos actuales, por una marcha dispuesta por organizaciones denominadas ‘sociales’, solventadas -como es de público y notorio conocimiento- por la ayuda estatal, a través de subsidios, planes y ayudas sociales varias, las que, a través de un movimiento estratégico envolvente de ocupación de arterias públicas con numerosos participantes, inmovilizan totalmente nuestras actividades, y su número supera lo que se puede adjudicar a organizaciones del trabajo”. Relató que estos cortes el pasado 14 de junio le impidieron trasladarse a la Ciudad Judicial en compañía de su abogado John G. Dorado Flores, por un trámite personal, “lo que no pudimos cumplir, regresando a mi domicilio recién a las 14,15, con un día perdido, como el de tantos ciudadanos”. Cita el accionar de agentes de la Policía que cierran el tránsito vehicular normal y anticipándose a la “movida de los planeros, incluso avisando a los comerciantes de la marcha. Actividad que puede aparecer como de colaboración con los ciudadanos, analizada resulta un abuso intolerable pues es la misma autoridad la que aparece propiciando los cortes, interrupciones y sometimientos al caos, al desgobierno”.
