Piumato acusa al juez Montoya de discriminar a una empleada de Orán
En una nota firmada por Julio Piumato y Rocío Herrera, secretarios general y de Protección Individual de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), repudió al juez Federal de Orán, Gustavo Montoya por una decisión considerada discriminatoria e inconstitucional en contra de una trabajadora de su juzgado.
El gremio se dirigió al presidente de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Renato Rabbi Bald, solicitando la revisión de la medida.
Señalan que la trabajadora Natalia Guerrero acaba de finalizar su periodo de maternidad y solicitó que reconsidere la decisión de Acordada 15/22 y proceda a la efectivización de la agente.
Según el relato gremial, Guerrero, luego de la licencia por maternidad al retomar sus actividades, se encuentra con que su puesto de trabajo estaba ocupado por otra persona. Su reacción fue empezar con preguntas para las cuales nadie tenía respuestas, y sólo le solicitaban que “colabore” con la nueva persona que estaba en su lugar, quien no le proporcionaba trabajo.
El ambiente laboral empezó a ser hostil, no tenía labores, no encontraba respuestas a sus preguntas, notaba que el clima no era bueno y por este motivo es que solicitó en varias oportunidades una reunión con el Juez, hasta que finalmente por su insistencia logró concretar una corta reunión de no más de 5 minutos con el Dr. Montoya, en donde éste expuso rápidamente que había tomado la decisión de no renovar su interinato porque quería ese puesto para otra persona.
La reacción de Guerrero fue preguntar qué lo había llevado a tomar semejante decisión de dejarla sin trabajo después de 3 años, a dos meses de haber sido mamá por primera vez, habiendo regresado a trabajar hacía solamente 7 días, y sin haber tenido ningún tipo de llamado de atención ni apercibimiento anteriormente de su parte.
Montoya respondió que era una decisión tomada y que su puesto de trabajo quería dárselo a otra persona.
En este sentido, no hay elementos que indiquen que Guerrero no cumple con los requisitos para la efectivización. “Es una absoluta discriminación sobre la agente, que ve desafiada su efectivización por un criterio de supuesta falta de competencia en el periodo coincidente con su licencia por maternidad”, concluye la entidad gremial.