Un hombre detenido en Bs. As. está acusado de matar a la mujer en la ruta 26
Por iniciativa del procurador general Pedro García Castiella y del fiscal general Eduardo Villalba, a partir del hallazgo de una mujer sin vida a la vera de la ruta provincial 26, se conformó un equipo de trabajo entre la UFEN y la Procunar para determinar las circunstancias de la muerte y de otros delitos vinculados al narcotráfico.
Tras un intenso trabajo investigativo llevado adelante por la Unidad de Investigación de la Unidad de Graves Atentados y personal de Gendarmería Nacional se solicitó a los jueces de garantías de distintas jurisdicciones orden de allanamiento y detención.
Como resultado de los operativos llevados adelante por los investigadores fue detenido un hombre de 52 años en la provincia de Buenos Aires, e imputado este lunes por la Unidad de Femicidios y ayer martes por la PROCUNAR por delitos vinculados al narcotráfico.
La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, Mónica Poma, imputó en forma provisional al detenido como autor de un homicidio por omisión, calificado como criminis causa y femicidio en perjuicio de una mujer de 32 años.
En tanto la Procuraduría de Narcocriminalidad NOA formalizó ayer martes la acusación en contra del detenido como partícipe del delito de transporte de estupefacientes, indicándose que ambas audiencias se realizaron en forma remota donde el acusado se abstuvo de declarar.
Por otra parte se informó que la fiscal Poma espera la resolución de las medidas cautelares sobre el imputado y que se continúa con el cumplimiento de las tareas dispuestas para lograr el esclarecimiento del hecho.
Pareja condenada
El juez Edgardo Laurenci, vocal de la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán, condenó en juicio abreviado a Teodora Noemí Andrada como autora de los delitos de lesiones leves, amenazas con arma, abigeato, coacción y amenazas en concurso real y a Domingo Mauricio Tolaba por ser autor de los delitos de abigeato, coacción, amenazas y lesiones graves en concurso real.
La pareja recibió la pena de tres años de prisión en suspenso. Durante dos años deberán fijar domicilio y tienen prohibido acercarse a las víctimas en un radio de 100 metros o ejercer actos de violencia de cualquier tipo en contra de los denunciantes. En caso de incumplir alguna de estas reglas de conducta, podría dejarse sin efecto la modalidad condicional de la pena impuesta, que podría ser de cumplimiento efectivo.
También dispuso la extracción de muestras de ADN de los condenados para su incorporación al Banco de Datos Genéticos.