Denunciaron en la Justicia al CD de Tartagal por sesionar sin quórum
El concejal Nicolas Arce denunció ante la Fiscalía Penal Nª 1 de Tartagal a los 6 concejales oficialistas por el presunto delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, por sesionar sin quórum. Apunta a Miguel “Guelo” Mimessi, hermano del intendente, como impulsor de no cumplir con la reglamentación vigente.
La resolución 2417/07 del Concejo Deliberante de Tartagal sanciona el Reglamento Interno de funcionamiento de la institución, y en sus considerandos, la legislación establece que el llamado quórum, necesario para llevar adelante una sesión es de 7 concejales.
La gravedad radica en que las resoluciones u ordenanzas sancionadas en esta sesión quedarían anuladas ante la aplicación de la la resolución 2417/07, que en su artículo 2 establece la derogación de aquellas resoluciones que se opongan al reglamento interno.
Arce en diálogo con Nuevo Diario comentó que la denuncia se basa en que los ediles que responden al intendente Mario Mimessi, sesionaron sin contar con este quórum de 7 miembros durante la pasada sesión del 7 de julio.
En la sesión, se inició con 10 de los 11 ediles (Julieta Yurovich, quien lamentablemente falleció ese día, se encontraba ausente por pedido médico) que componen el cuerpo. Tras un altercado en la conformación del orden del día, los ediles Ernesto Restom, Elva Rodas, Claudia Sanchez y Nicolas Arce se levantaron, dejando la sesión con 6 ediles.
En la transmisión en vivo se observa como Miguel “Guelo” Mimessi, hermano del intendente pero sin tener cargo alguno que lo ligue al cuerpo, se acerca al presidente Sergio “Kitupi” González afirmando que si tienen el quórum. Tras el hecho la sesión continúo.
La denuncia incluye a González y a los concejales Anahí Salazar, Fabiana Beky, Margarita Rauch, Silvio Yanacon y Luis Farfán.
“El hermano de Mimessi no figura en ningún lado pero maneja todo como si fuera patrón de estancia”, dijo el edil denunciante a este medio.
Arce presento la denuncia ante el fiscal Pablo Cabot quien deberá tomar intervención e investigar si los concejales del oficialismo incumplieron el reglamento, por lo tanto lacerando a la institución.
El delito denunciado se enmarca en el artículo 248 del Código Penal que establece penas prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, a aquellos funcionarios públicos que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales.
“Se han tomado atribuciones que no deben y en principio yo no quiero ser parte de ello”, expresó Arce.
La Justicia ahora deberá determinar si los ediles cayeron en una irregularidad al continuar sesionando, y dilucidar si los actores intervinientes son pasibles de sanciones.