Otro informe ante la CIDH con denuncia por las muertes de niños originarios

Tras la muerte de al menos siete niños y niñas wichís desde mayo a junio de este año, desde la Defensoría de los derechos de niños y adolescentes de Nación, presentaron a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos otro informe (CIDH) donde se expone la situación del norte provincial exigiendo urgentes medidas.

La situación de las infancias en pueblos originarios, lejos de encontrar una respuesta, resulta cada vez más alarmante y en este segundo informe enviado también a autoridades provinciales, se pide soluciones urgentes.

Asimismo y en la jornada de hoy, y desde la Asociación Civil  por la Igualdad y la Justicia (a nivel nacional), realizarán una nueva denuncia en el marco del amparo presentado junto a la  Comisión Wichí Misión La Loma, por la aplicación y reglamentación de la ley 7856 de salud intercultural, según adelantaron a Nuevo Diario.

Ante las muertes de al menos siete niñas y niños wichi entre mayo y julio, la Defensora Nacional de Niños Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, elevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el Segundo Informe de la Situación de los Derechos de Niñas y Niños de Pueblos Indígenas del Chaco salteño. Ya había hecho presentaciones ante la Justicia y el Ejecutivo de Salta. El primer informe se presentó en mayo de 2020. El segundo es de julio de este año.

"Parecería que por momentos el gobierno local no logra articular con sus distintas áreas las acciones para llegar a todas las comunidades y evitar las muertes", explica Graham en declaraciones a Diario Clarín.

"Los ministerio de Salud y Desarrollo Social provinciales tienen que hacer barridos, es decir, recorridas por todas las comunidades para ir tomando peso y talla a niñas y niños como una de las formas de prevenir".

La provincia también tiene un problema con el agua que no resuelve. Y cuando las acciones se desarticulan aumentan las muertes", analizó la Defensora en relación a la dolorosa situación que se repite de manera sistemática, pese a la declaratoria de una emergencia socio sanitaria desde el 29 de enero de 2020, y que transcurridos dos años (y muchos más invisibilizados) continúa sin aportar soluciones reales.

"Nuestro rol como Defensoría no sólo es dar opiniones sino que tenemos que exigir que se cumplan los derechos", aseguró Graham, que resaltó la presentación de los informes de situación a las autoridades salteñas.

"La gravedad de la situación tiene que ver con una problemática estructural y multidimensional relacionada al complejo escenario de los territorios que ocupan los pueblos indígenas, que comprende el desplazamiento de sus tierras, producto del avance de la frontera agrícola, lo que conlleva un impacto en sus formas de vida y medios de subsistencia tradicional.

Sobre la base de ese escenario, resulta profundamente preocupante la vulneración del derecho a la vida y los obstáculos para el acceso a derechos elementales, tales como al agua, a la salud, la alimentación, la identidad, la información y la participación y especial protección de la que son titulares niñas, niños y adolescentes", dice uno de los informes de la Defensoría Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes. 

"La desnutrición, en particular la de las y los más pequeños, es un fenómeno complejo que se ve afectado por distintos determinantes, como la falta de acceso a una alimentación saludable y agua potable, así como también barreras en el acceso a la salud, no sólo en términos de la capacidad de acceder oportunamente a los centros de salud, dada la escasa infraestructura disponible y las dificultades para la circulación por el estado de los caminos y las escasas vías de comunicación existentes, sino también en cuanto a la atención y cuidado a la salud con perspectiva intercultural", continúa.

"Esta situación se ve agravada por las condiciones de pobreza estructural en las que históricamente viven las comunidades originarias de la zona; poblaciones que han sido sistemáticamente desplazadas por procesos de apropiación de sus territorios para inversiones de agricultura extensiva e industria extractiva, con consecuencias de deforestación, contaminación del agua, pérdida de biodiversidad, y un severo impacto social y cultural hacia las comunidades indígenas", agrega.