La provincia pagó la millonaria demanda por dos brigadistas muertos en Guachipas
La Fiscalía de Estado cumplió con la sentencia judicial que dispuso el pago de una suma de 15 millones de pesos en favor de los familiares de dos de los cuatro brigadistas muertos, cuando combatían un incendio forestal en Guachipas el 27 de octubre de 2014.
El pago se concretó a partir de las gestiones llevadas adelante por el abogado Marcelo Eduardo Arancibia, representante legal que intervino en el caso desde sus inicios, aunque posteriormente se unieron los letrados Fernando Teseyra y Sergio Gabriel Calvo Moscoso.
Con el penalista al frente del reclamo, los familiares de los brigadistas Mauricio Valdez y Matías Daniel Vilte lograron cobrar no sólo los 15 millones de pesos por los que fue condenado el Gobierno de la Provincia, sino también otros 11 millones más en concepto de intereses.
El pago se efectivizó a través de un acuerdo transnacional, mediante el cual se cancelaron el monto fijado por el juez Diego Rodríguez Pipino, en la sentencia dictada el 8 de noviembre de 2019, en el marco del juicio seguido contra Víctor César Dagún, jefe del Programa de Defensa del Ambiente; Víctor Ola Castro, quien era subsecretario de Defensa Civil y Roberto Durnelli, otro funcionario de rango jerárquico.
Los cuatro funcionarios fueron juzgados por las muertes de Valdez, Vilte, Víctor Humberto Ferreyra y Martín Albarracín, quienes perdieron sus vidas al quedar encerrados por el fuego en el cerro El Acheral, donde las llamas arrasaron con más de 84 hectáreas. Como resultado del juicio, que comenzó en octubre de 2019, el juez Rodríguez Pipino sólo condenó a Dagún, mientras que el resto de los acusados fueron absueltos por el beneficio de la duda, aunque sí hizo lugar a la demanda interpuesta por Rossana del Valle Chávez, madre del brigadista Vilte y Valeria Soledad Montenegro, viuda de Valdez.
Al respecto, y por las muertes de Valdez y Vilte, el juez condenó al Gobierno de la Provincia a pagar en concepto de resarcimiento las sumas de 9 y 6 millones de pesos respectivamente, dinero que después de batallar casi ocho años desde que sucedió la tragedia, finalmente llegó a sus manos, como así también los intereses por los casi ocho años de demora.
“Seguramente esta demanda no repara la vida de las víctimas, pero se trata de un reclamo que fue atendido por la justicia, en este caso por el juez Rodríguez Pipino, quien merituó todos los aspectos del caso y dispuso el resarcimiento a modo de reparación, el que, ahora este gobierno, hay que reconocerlo, da cumplimiento”, sostuvo Arancibia. El letrado destacó, a su vez, la labor de sus colegas, quienes lo acompañaron a fin de que “los familiares puedan contar con este beneficio que, seguramente en nada compensará la vida de los brigadistas fallecidos, pero sí constituye lo que es justo”.