Denuncian a dos hogares de menores en Orán por maltrato

La ciudadanía oranense permanece consternada durante las últimas horas, luego de tomar conocimiento de una serie de denuncias que realizaran algunos chicos y operadores de dos hogares, “Mi pequeño hogar” y “Don Bosco”, que se encuentran bajo la tutela del Estado en Orán.

En ellas refirieron maltratos permanentes, encierros, golpes  y hasta falta de alimentación por parte de quien sería la persona responsable de estos establecimientos, todo ello en el marco de una visita que realizaron desde el Juzgado de Familia Nº 2 de Orán, a cargo de la Dra. Ana María Carriquiry, quien inmediatamente tomó una serie de medidas a la Secretaría de Primera Infancia de Salta Capital, la Delegación de Orán, el Asesor de Incapaces Nº 2, la Asesora de Incapaces Nº1, a la Corte de Justicia de Salta, a la Secretaría de Derechos Humanos y también al Comité contra la Tortura y malos tratos.

Asimismo, fijó audiencia para mañana, donde deberán dar respuestas desde la Secretaría de Niñez y Familia dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia.

Nuevo Diario accedió al diálogo  con fuentes reservadas, que aseveraron los hechos denunciados, al tiempo que consultó de manera inmediata con Cristian López Traficando, subsecretario de Niñez y Familia, quien si bien no pudo otorgar nota, confirmó que  en la jornada de mañana tendrá lugar la referida audiencia en la ciudad de Orán.

Asimismo manifestó que “inmediatamente, cuando llegó la  notificación del acta a la Delegación de Orán, se inició el proceso administrativo de investigación en base a nuestro protocolo de actuación, y que los informes ya fueron puestos a disposición del juzgado”.

El relato de la crueldad

Según fuentes reservadas revelaron a este medio y numerosas denuncias de vecinos en grupos oranenses de las redes sociales, la encargada de los dispositivos de menores, con supuesta vinculación laboral con la Municipalidad de Orán, en reiteradas ocasiones habría amenazado a operadoras y chicos para esconder los hechos que sucederían puertas adentro: sería esta mujer, “una tal Elisa”, quien disponía el trabajo extra e impago de las operadoras y operadores, que si bien  tienen un contrato de 30 horas, debían trabajar entre 40 a 52 horas semanales sin recibir remuneración alguna por ello.

En cuanto a los chicos y chicas, que de por sí cargan historias personales complejas, muchos de ellos habiendo vivido situaciones de extrema vulnerabilidad, llegan a estos dispositivos, cuyo objetivo teórico es el de brindarles contención y el acceso a sus derechos básicos y fundamentales.

Sin embargo, se supo que existen restricciones de todo tipo para con los menores, además de carecer de elementos mínimos e indispensables para su vida diaria: no hay artículos de limpieza, no habría papel higiénico, no tienen ropa interior, falta mercadería, los menús están puestos pero no se cumplen, falta pan en los desayunos, habría chicos que necesitan atención odontológica, otros están con problemas de visión y deben recibir atención. La situación es tan tensa que un chico habría pedido ayuda a los vecinos a gritos y hasta habría existido más de un intento de suicidio. 

“Con los chicos NO”

En diálogo con Diario El Oranense, la jueza de Familia Nº 2, Ana María Carriquiry, confirmó la existencia de estas denuncias y detalló que, como Juzgado, el día 10 de agosto de este año, al margen de otras gestiones similares ante la entonces ministra de Desarrollo Social Verónica Figueroa, realizaron una visita a  los hogares señalados en un día imprevisto: “fuimos a ver como estaban, si tenían que decirnos algo, y decidimos tomar audiencia en el hogar”, señaló. 

La magistrada expresó que en esa oportunidad labró un acta donde los niños, adolescentes y hasta una operadora de ambos hogares: “expresaron que son víctimas de malos tratos, encierros, falta de comida y varias cuestiones que hicieron que en forma inmediata  y antes de realizar ningún oficio, procedí a comunicarme en forma urgente y telefónica con la Secretaría de Primera Infancia en Salta Capital”.

A continuación, la jueza puso la situación en conocimiento de la Secretaría de Primera Infancia de Salta Capital, la Delegación de Orán, el Asesor de Incapaces Nº 2, la Asesora de Incapaces Nº1, a la Corte de Justicia de Salta, a la Secretaría de Derechos Humanos y también al Comité contra la Tortura y malos tratos: “el procedimiento puede parecer exagerado pero considero que con los niños no se juega” dijo y se explayó: “los niños están en una situación, nos guste o no en un dispositivo al que le llamamos hogar, y no se encontraron ante un funcionario de la justicia, sino ante una persona con  la que sintieron que podían hablar”, refiriéndose al momento en que los chicos contaron lo que les pasaba, y aclaró que la visita judicial del 10 de agosto fue con el objetivo de velar por bienestar de los niños, y “dejar de esconder la tierra bajo la alfombra”.

Carriquiry informó que pese a las notificaciones cursadas con fecha 18 de agosto a los distintos organismos, la única que respondió fue la Secretaría de Derechos Humanos que solicitó una audiencia, otorgada para la jornada de mañana, con la participación del resto de las secretarías.

La jueza de familia advirtió sobre la demora en la respuesta por parte de los organismos provinciales, atento la fecha de los hechos: “así como nosotros actuamos inmediatamente, porque es más fácil decir que después se desdijeron los niños y la operadora, pero cómo no se van a desdecir, si después tienen que volver a ese lugar donde se encuentra la persona que indica que está violentando".

“Tenemos que tener una mirada más amplia, creo que es bueno en vez de esconder la tierra debajo de la alfombra, investigar”, recalcó y sentenció: “no me tiembla la mano en firmar lo que haya que firmar y seguiré pidiendo ayuda a todos los organismos  (…)porque no quiero que ese niño cuando tenga 25 o 30 años tenga que contar que fue violentado en un hogar que lo debió proteger, mientras que yo sea la jueza no va a pasar, cuando debió encargarse de eso la Secretaría de Infancia”.

Por último recordó que existían denuncias previas en contra de la encargada de estos hogares, que fueron oportunamente informadas por este juzgado: “esperamos que esta vez se tomen medidas más drásticas”.