La médica Miranda Ruiz aseguró que fue víctima del “odio y la violencia”
Tras el sobreseimiento de la médica garantista del cumplimiento de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), Miranda Ruiz, ésta encabezó en la jornada de ayer una conferencia de prensa en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, junto a su abogado Oscar Guillén.
La profesional de la salud aseveró que se trató de “un proceso calamitoso”, y que continuará trabajando en la garantización de los derechos en el marco de la sanción de una ley ampliamente debatida y conquistada por las mujeres.
En primer lugar, la médica agradeció el acompañamiento desde el Hospital tartagalense, que ayer fue nuevamente epicentro de noticias relacionadas con Miranda Ruiz: “desde nuestro hospital nunca bajamos los brazos, y seguimos acompañando a las mujeres y garantizando el cumplimiento de la IVE en la zona”, señaló y remarcó: “no podemos permitir como efectores de la salud que una parte de la justicia y de un sector político que están corrompidos nos quieran amedrentar para satisfacer sus intereses”.
“No puede suceder en una sociedad democrática que, habiendo conquistado una ley ampliamente debatida, nos quieran judicializar para que no garanticemos derechos”, sostuvo Ruiz, al tiempo que agradeció a los médicos Santiago Payo, Lorena Torres, Paola Champisién, entre otros, por su acompañamiento.
Falsas versiones y desinformación
“A pesar de dichas amenazas en vivo y en directo, no nos retrajimos, y le garantizamos el derecho a la IVE que la paciente nunca dejó de solicitar. La falsa versión mediática, el escrache que recibí y que recibimos como hospital, fue gatillado por un sector político local extremista que logró mi detención, pero que no ha podido lograr el repudio social que nunca existió. Más bien tanto el Hospital como la sociedad de Tartagal me han bancado enormemente”, agregó la médica en la conferencia. “A pesar del escrache mediático y la clara intención de estigmatizarnos para limitar la práctica, las mujeres accedieron más al derecho de IVE, aumentando en un 27%”, según indicó.
Miranda, además, se refirió al Fiscal Vega y al Juez Mariscal de Tartagal, manifestando que “creyeron en la falsa versión de los medios de comunicación, de una concejala y una diputada provincial, que hasta ha mentido en la legislatura. El fiscal usó la denuncia penal de un tercero (la tía), quien la hizo por insistencia de una concejala (esto está en el expediente) para comenzar la ‘investigación’ (…). Me imputaron por delito de aborto diciendo que la causal no estaba justificada” sostuvo.
“Han gastado tiempo, recursos públicos y energía inusitada, para la habitual labor de la Fiscalía, en esta persecución judicial hacia una médica como yo, que hago medicina familiar y comunitaria en una zona que está en emergencia sociosanitaria constante” y remarcó que fue “víctima de la combinación de dos odios: El odio por haberme animado a hacerle una denuncia penal a un ginecólogo del hospital por abuso a una menor, y el otro odio es de sectores que viven de la militancia política y el estado y necesitan justificar su existencia, sin importar los medios que usan a tal fin. No hay convicciones detrás de quienes deben mentir y escrachar para defender su ideología. Padecí distintos tipos de violencias: Mediática, Política y Judicial”.
Por último, agradeció a su defensor Oscar Guillén, quien “le devolvió el sentido a mi vida, que lo había perdido luego de tantos meses de injusticia, impotencia y manoseo (…) es un defensor de los Derechos Humanos, que me acompañó y defendió con cuerpo y alma. Gracias por tu generosidad, entrega y compromiso con la causa. Luchaste por mí, por los derechos de las mujeres y por nuestro hospital. Supiste comprender cabalmente toda la situación penosa que estábamos atravesando y actuar en consecuencia. Y ahora, luego de tres meses de labor incansable, lograste el sobreseimiento”, sostuvo, e hizo hincapié en el acompañamiento amplio de colectivos feministas, Amnistía Internacional, organismos de derechos humanos, locales, nacionales e internacionales quienes abrazaron como propia y durante más de un año la garantización de los derechos adquiridos.