Mancha lamentable para la Justicia: tras 12 años, La Ciénaga sigue sin resolverse
En Argentina hay días especiales para toda profesión u oficio. Por extensión Salta también tiene lo suyo, aunque todavía no se ha institucionalizado el Día de la Impunidad o de la Injusticia; ese día tendría que ser el 4 de octubre.
Porqué el 4 de octubre? Porque en ese día –según se mire- se “celebra” o se “visibiliza” un hecho de corrupción, que este 4 de octubre cumple 12 años.
A qué hecho de corrupción se refiere esta fecha?
En realidad, hace 12 años, un día lunes, se iniciaba el proceso más vergonzoso para la Justicia salteña que después de 4.380 días sigue sin resolver: el sonado caso La Ciénaga, que comenzaba con una denuncia realizada ese día.
Efectivamente, en 2010, el 4 de octubre tras la denuncia de Daniel Tort, Verónica Huber, Paula Poma, Juan Pablo Ochoa, Moisés Koss y Carlos Morello, la fiscal penal María Inés Loyola entendió que el exgobernador Juan Carlos Romero se valió de un grupo de personas que cooperaron con su intervención en el propósito de desplazar un inmueble de patrimonio del estado provincial hacia su hijo Juan Esteban Romero, por lo que le imputó al exmandatario la condición de autor mediato en el delito de peculado.
Aún para el salteño común, este tema, 105.120 horas después, le resulta familiar, conocido y como conocido ya está internalizado y en parte le importa poco si se hace justicia o no, porque sabe que la justicia –parecería- sólo es aplicable para el salteño común.
Con 12 años de antigüedad, esta causa que ya la conocen casi todos los salteños y saben que se trata de cómo 90 hectáreas destinadas al Programa Familia Propietaria terminaron en el patrimonio de la familia del actual senador nacional Juan Carlos Romero.
La provincia adquirió en julio de 1998, a través del decreto 1.297, como parte de pago de la firma Import S.R.L. con el ex Banco Provincial de Salta 90 hectáreas de la Finca La Ciénaga. En el artículo 5 de ese decreto se establece que esas tierras serían destinadas al Programa Familia Propietaria. La operación fue avalada por el entonces escribano de Gobierno, Víctor Manuel Brizuela, y se formalizó mediante escritura 2.631 del 15 de julio de 1998, en la que se consignó la operatoria de compra-venta de esas tierras, valuadas en $1.100.000, en paridad con el dólar, es decir U$S 1.100.000.
Es así que se incorporó al patrimonio de la provincia la fracción de 90 hectáreas que eran parte de la Finca La Ciénaga e Isasmendi -matrícula catastral de origen 1.714, ubicada en la localidad de Atocha del departamento Capital, de propiedad de Domingo Gerardo Martín y Exequiel Rodolfo Luna. y actualmente catastros 129.196 y 129.197, pertenecientes ahora a Estancia El Carmen Sociedad Anónima.
El catastro 129.196 fue inscripto en la Dirección General de Inmuebles el 28/12/2009 con un valor de $ 100.000 y con un valor fiscal de $ 1.006.914,82 y parcela 129.127 también inscripta el 28/12/2009 (paradoja aparte, el Día de los Inocentes) con un valor de $ 200.000 y fiscal de $ 19.394,39.
Según el decreto 1.297, Domingo Gerardo Martín ofreció las 90 hectáreas como parte de pago de una deuda que la firma Import S.R.L. mantenía con el Banco Provincial de Salta.
La firma Import S.R.L. cuya titularidad se la adjudicaba a Néstor López, primo de Juan Carlos Romero, era una firma dedicada a la importación de artículos del hogar.
La dación de pago por la deuda que mantenía Import S.R.L. con el Banco Provincial de Salta se tomó por la suma de $ 550.000. Por los otros $ 550.000 faltantes la comisión parlamentaria que llevó adelante la investigación "supone" que ingresaron al Banco Provincial.
El decreto 1.297 dejaba establecido expresamente que la adquisición de esas tierras era destinarlas al Programa Familia Propietaria, cuya misión era ayudar a familias de bajos ingresos a acceder a terrenos en donde vivir.
En 2004 los funcionarios del gobernador Juan Carlos Romero adquirieron 12 hectáreas a José Luis Agustoni, ubicadas al borde de las autopistas que conecta la ciudad Capital con la localidad de San Lorenzo. Por esas 12 hectáreas el gobierno provincial pagó $ 1.959.456 con un pago inicial y 26 cuotas hasta completar la suma de $ 1.499.456.
Por el saldo restante -$ 460.000- la provincia le entregó a José Luis Agustoni las 90 hectáreas de La Ciénaga. La operación quedó registrada el 16 de febrero de 2004. En ese momento el dólar cotizaba a $ 2,91. Es decir que lo que compró la provincia a U$S 1.100.000 lo vendió a U$S 158.076 o $ 460.000.
Tan sólo cuatro meses después José Luis Agustoni "vendió" las 90 hectáreas de La Ciénaga a María Cecilia Pérez de la Fuente, escribana que formaba parte del staff del estudio de escribanos de Víctor Manuel Brizuela. La escribana actuó en representación de la Sociedad Prados de Atocha S.A. quien pagó $ 100.000 el 4 de junio de 2004.
Cinco años después, María Cecilia Pérez de La Fuente actuando en representación de la Sociedad Prados de Atocha S.A. vendió el terreno a la Estancia El Carmen S.A., una sociedad de la que participa Jucaro S.A., de propiedad de Juan Carlos Romero y su esposa Lucía del Carmen Marcuzzi. La transacción también se realizó por $ 100.000 el 19 de noviembre de 2009, esta vez con la intervención del propio Víctor Manuel Brizuela como escribano.
En noviembre de 2009 un dólar cotizaba a $3,77. Es decir que del U$S 1.100.000 -valor original de La Ciénaga- se pagó U$S 26.525 o los ya nombrados $ 100.000.
Acción penal
El 8 de octubre de 2010, La ex fiscal penal Nº 2, María Inés Loyola promovió acción penal por "peculado" contra los tres escribanos que intervinieron en el proceso de traspaso de las 90 hectáreas de La Ciénaga para finalmente terminar como propiedad de Estancia El Carmen S.A., de la familia del ex gobernador Juan Carlos Romero. Los ex escribanos de Gobierno, Víctor Manuel Brizuela, Laura Inés Wayar, y la escribana María Cecilia Pérez de la Fuente, quienes ahora revisten la figura de "sospechados" en el expediente que contiene el caso La Ciénaga, son investigados por la Justicia penal por el presunto delito de peculado, de acuerdo a la promoción de acción penal elevada por la fiscal Loyola, quien promovió acción penal, por lo que se abrió una causa en el ex juzgado de instrucción formal 4, a cargo del ex juez formal, Germán Antonio Pastrana. En su acusación, detalló que "las tierras inicialmente compradas por el Estado con destino a familias de escasos recursos (…) terminaron en poder de la empresa "Estancia El Carmen S.A.", cuyo presidente era el hijo del ex gobernador, Juan Esteban Romero". Tras un serio análisis contable, aseguró que Juan Carlos Romero simuló "una cadena de adquirentes", lo que permitiría "establecer que el objeto de la maniobra fue beneficiar a su hijo".
La fiscal Loyola promovió también acción penal contra José Luis Agustoni, el particular que habría puesto como domicilio el del estudio jurídico del abogado Raymundo Sosa, abogado de Romero en ese entonces.
La fiscal también incluyó en su promoción a "NN" integrantes de las empresas que participaron de las operaciones, entre las que figuran Prados de Atocha y Estancia El Carmen S.A., con sede en ex Combatientes de Malvinas 3890 y de propiedad de la familia del ex gobernador Juan Carlos Romero.
Laura Inés Wayar también cumplió la doble función de escribana de gobierno y particular.
Como escribana privada, Laura Inés Wayar dio fe de la compra de las 90 hectáreas de La Ciénaga a María Cecilia Pérez de la Fuente, la operación se hizo por 100 mil pesos.
No fue el único caso en que María Cecilia Pérez de la Fuente actuó en inmuebles vinculados a Juan Carlos Romero. También compró con su empresa Loma Balcón, el terreno donde después el ex gobernador levantó su mansión en Castellanos.
En la causa La Ciénaga hay 13 imputados: Juan Carlos Romero, su hijo Juan Esteban Romero, su tía Hermelinda Romero de Ramírez, Rubén Fortuny, Carlos Abeleira, Lucas Amado, Carmen Moreno, Guillermo Dimarco, Marcelo Alejandro Zárate, Víctor Manuel Brizuela, Laura Inés Wayar, María Cecilia Pérez de la Fuente y José Luis Agustoni.
La causa
La causa acumulaba ya numerosos cuerpos de instrucción penal, avances en pericias contables y testimoniales. Aseguran que sólo restab
a la indagatoria a Juan Carlos Romero para que le cupiera el procesamiento y el caso se encaminase a juicio. Pero el ex gobernador viene eludiendo esto, gracias a sus contactos en el ámbito judicial, por lo que el expediente sigue durmiendo el sueño de los justos, o de los injustos según se mire.
Uno de los nombres clave que se filtra en la lista mencionada más arriba, además de Juan Carlos Romero y Juan Esteban Romero -padre e hijo-, es el de Víctor Manuel Brizuela, cabeza de la escribanía que certificó el pase de escrituras y las compraventas que se registran en esta causa, que además de haber sido escribano del Gobierno provincial fue ministro de Gobierno y Justicia y jefe de Gabinete durante la gestión Romero. Un hombre de extrema confianza del senador.
En 2018, la causa La Ciénaga fue archivada. Esta revelación salió a la luz debido a la carta documento que le envió el senador Romero, a la diputada Mónica Juárez, quien se había referido a La Ciénaga durante una sesión de Diputados. La carta documento la envió su apoderada, la abogada Florencia Guillén, quien conocía y sabía que la causa La Ciénaga se encontraba ya archivada y por tal motivo trató a la diputada de ignorante e irresponsable, y que La Ciénaga ya era cosa juzgada, cuando en realidad reflejaba una verdad a medias ya que casi a fines de agosto el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, puso luz sobre esta cuestión cuando anunció que esa causa está en una situación de indefinición que debe resolverse, y que consecuentemente no está cerrada.
Castiella recordó que en el año 2.018 se declaró la nulidad de todo lo actuado en la causa, lo que generó una situación jurídica "atípica e inusual" dado que ese fallo del Tribunal de Impugnación, al determinar la nulidad del requerimiento de instrucción invocando presuntas contradicciones y falta de precisiones, llegó a determinar también la nulidad del avocamiento del juez que había trabajado en esa causa.
A todo ello se suma el hecho de que, cuando la causa llegó al juez Guillermo Daniel Pereyra, con competencia en transición, dispuso su archivo. Así, pese a que hubo planteos de los acusados e inclusive un pedido de sobreseimiento de la defensa del ex gobernador de la provincia, nada se resolvió bajo el argumento del archivo.
Así las cosas, y después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolviera a favor de la decisión de la Corte de Justicia de Salta de apartar al juez del Tribunal de Impugnación, la causa quedó "en una situación actual de indefinición que, necesariamente, debe resolverse", aseveró el Procurador.
"La causa está mandada a archivo por disposición del juez de transición. Lo que se está evaluando es que se va a solicitar el desarchivo y analizar, dentro de todo este contexto de complejidades y nulidades, la forma de reencausar, porque no es una causa que esté concluida, que debe resolverse", sentenció Castiella.
Nuevo Diario, en este aniversario trató de averiguar el estado real de la causa, casi confirmando que la Justicia actúa lentamente y puede concluir que el expediente ya se encuentra en Fiscalía, a pedido de la fiscal interviniente, para resolver si pide el desarchivo de la causa y luego sí, volver a empezar.
Especulaciones
La Ciénaga era al momento de la compra un espacio alejado de todo y sin servicios pero muy cercana a las 800 hectáreas que posee Gilberto Oviedo, ex ministro de Producción de Romero, que algunos señalan como testaferro del senador. Con la construcción de la autopista se convirtió en un "interesante" negocio inmobiliario futuro.
Si el plan original en La Ciénaga era construir allí viviendas sociales, eso afectaría el negocio inmobiliario que tenían planeado sobre las 800 has: un mega barrio privado.
Un no a Romero
El 31 de mayo de 2021 la Jueza de garantía de 5ta nominación, María Edith Rodríguez, decidió no hacer lugar a un pedido de sobreseimiento de los acusados.
El Juzgado de Garantías resolvió rechazar el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa del senador nacional -a sabiendas que la causa ya se encontraba archivada- y ordenaron continuar con la investigación.
Se basó para ello de una doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de interpretación en la materia destacando que los compromisos Nacionales suscriptos por el Estado Argentino, en particular la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, ameritan continuar con la investigación a pesar del tiempo que tiene la causa.
El requerimiento de sobreseimiento fue presentado en el mes de febrero de ese año, por la Fiscal Penal Ana Inés Salinas Odorisio, y la Jueza María Edith Rodríguez, previa vista a las partes intervinientes (defensas y Fiscalía de Estado en su carácter de Actor Civil).
En la resolución la Jueza de garantías, destaca que el Ministerio Público Fiscal, según la ley vigente en la Provincia, es el dueño de la acción penal y quien debe investigar y conducir el proceso, que, ante el desistimiento y pedido de sobreseimiento, sumado a las nulidades previas declaradas en instancias superiores, en consonancia con las normas procesales aplicables fundamentó la procedencia de la instancia fiscal. En el sistema acusatorio, recordó en su fallo, que los roles están bien delimitados, el del fiscal de acusar y el del juez de resolver los planteos de las partes, sin que el Tribunal jurisdiccional pueda invadir la esfera de actuación del Ministerio Publico Fiscal.
El Fiscal de Impugnación, Leandro Flores se expidió por la nulidad, y posteriormente el Tribunal de Impugnación, representado por Ramón Medina y Luciano Martini, declararon la nulidad del requerimiento de remisión de la causa a juicio y de todos los actos que dependieran, retrotrayendo la misma a la instancia de investigación penal, en la cual, y en febrero del corriente año, la Fiscal Penal Ana Ines Salinas Odorisio dictaminó, con el planteo de sobreseimiento con el argumento que la conducta de los acusados no encuadraba en la figura penal.
Terrenos para 4.500 familias
Un informe de la Subsecretaría de Tierra y Hábitat, en el año 2004 -fecha de adquisición de las 90 hectáreas- revela que el Programa Familia Propietaria recibió 4.000 solicitudes de familias de escasos recursos que requerían una solución habitacional. En esa ocasión sólo se entregaron 500 terrenos en otros puntos de la ciudad.
Un estudio especifica que las 90 hectáreas -que estaban destinadas al Programa Familia Propietaria- hubiesen podido satisfacer las demandas habitacionales de 4.500 familias salteñas en ese momento.
Qué hay detrás de Estancia El Carmen S.A.
Estancia El Carmen S.A. es una empresa con personería jurídica, CUIT 30700103540, con fecha de contrato social 1999/09/03 e inscripta en el Boletín Oficial de la República Argentina Nro 29775, Sección 1 del 15 de noviembre de 2001 y está inscripta para realizar las siguientes actividades: Invernada de ganado bovino excepto el engorde en corrales (feed-lot), cultivo de soja, de maíz, de trigo, de vid para vinificar, servicios de apoyo agrícolas n.c.p (incluye explotación de sistemas de riego, injertos de plantas, construcción y plantación de almácigos, alquiler de colmenas, etc.) (no incluye mantenimiento de jardines, parques y cementerios; planificación y diseño paisajista), servicios de apoyo agrícolas y pecuarios, agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, construcción, reforma y reparación de edificios residenciales (incluye la construcción, reforma y reparación de viviendas unifamiliares y multifamiliares; bungaloes, cabañas, casas de campo, departamentos, albergues para ancianos, niños, estudiantes, etc.), construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales (incluye construcción, reforma y reparación de restaurantes, bares, campamentos, bancos, oficinas, galerías comerciales, estaciones de servicio, edificios para tráfico y comunicaciones, garajes, edificios industriales y depósitos, escuelas, etc.), fabricación de aberturas y estructuras de madera para la construcción
(fabricación de productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables), industria manufacturera, cultivo de legumbres secas (incluye garbanzo, lenteja, poroto, etc.)
Según consigna el sitio Tres Líneas, en su edición del 10 de junio de 2014, en el Boletín Oficial de ese día se conocieron algunos cambios de la empresa Estancia El Carmen SA; lo extraño de esas modificaciones es que una ocurrió el 11 de noviembre de 2013 y la otra el 3 de junio del año pasado y recién se publicaron hoy (por el 10/06/2014).
Son dos las publicaciones. La primera da cuenta que Rodrigo Cátulo Marcuzzi, sobrino del senador nacional Juan Carlos Romero, fue designado por el término de tres períodos como nuevo presidente del directorio de la sociedad Estancia El Carmen S.A., y como director suplente Horacio Federico Abade, ambos con domicilio especial en calle Gurruchaga N° 217 de la ciudad de Salta.
El segundo cambio es la modificación del estatuto y aumento de capital de Estancia El Carmen S.A. Es así que el capital social se fija en la suma de pesos dos millones ($ 2.000.000), representado por 20.000 (veinte mil) acciones ordinarias, nominativas no endosables, clase "A" de $ 100 (pesos cien) de valor nominal con derecho a cinco votos cada una.
La suscripción del aumento fue de un 100 % aportado por la Compañía Agroindustrial Iberoamericana S.A. por $ 1.000.000.
Estancia El Carmen SA, La Ciénaga, el caso Bárcenas
El sitio Tres Líneas informa que el que compró La Ciénaga, fue Estancia El Carmen S. A. que se vio visibilizada el 10 de junio de 2014 por el sitio Tres Líneas bajo el título: Mientras Juan Carlos Romero huye de la justicia, Estancia El Carmen S.A. aumenta su patrimonio
Según el sitio Tres Líneas, “la importancia de El Carmen SA está dada en dos cuestiones. Es la empresa que bajo la presidencia de Juan Esteban Romero (hijo de Juan Carlos) adquirió por la vil suma de 100 mil pesos una extensión de 90 hectáreas conocida como "La Ciénaga”, que había sido comprada por el Estado a más de un millón de pesos o dólares en ese momento, con el objeto de ser destinada a los más humildes”.
Prosigue Tres Líneas: “el segundo punto es que Compañía Agroindustrial Iberoamericana S.A. es una firma que los Romero constituyeron en Madrid, España, y que aparece como una de las tres sociedades de Estancia El Carmen S.A, la empresa receptora de todos los negocios que involucran al exgobernador, Juan Carlos Romero con tierras del estado, e involucrada en un supuesto blanqueo de fondos procedentes de negocios ilícitos del Partido Popular.
Entre los imputados en ese escándalo se encuentra Ángel Sanchís Herrero, un empresario español que es propietario de Finca La Moraleja, ubicada en Salta y fuertemente vinculada al exgobernador.
Se sospecha que esta empresa, dedicada a la explotación de cítricos, fue utilizada para lavar dinero del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, indica DDN.
De acuerdo con la investigación, Bárcenas y Sanchís llevaron a cabo "una mezcla de capital" en las cuentas de la empresa La Moraleja para ocultar unos seis millones de euros en Estados Unidos.
Los vínculos que Romero tendría con capitales de dudosa procedencia española no se limitarían a la empresa la Moraleja, pues de los registros de asamblea de Estancia El Carmen S.A. se estableció que recibió una inversión de seis millones de dólares desde España.
En junio de 2007, pocos meses antes de la finalización del último mandato del gobernador Romero, la sociedad Estancia el Carmen S.A, en ese entonces presidida por su hermano Marcelo Romero, sesionó en asamblea para decidir un cuantioso aporte de capital que efectuaría la firma Compañía Agroindustrial Iberoamericana S.A, representada por un familiar de los Romero, Marcelo Cátulo Marcuzzi.
Conclusión
Basándose en el derecho a la información, y el derecho a la libre expresión, Nuevo Diario pone sobre el tapete esta información que, seguramente no tendrá consecuencias para el principal sospechoso, simplemente por ser una persona con mucho poder y contactos suficientes como para ralentizar la causa que, como una paradoja del destino, no prescribe mientras uno de los sospechosos sea funcionario público.
Y el senador lo es y quiere seguir siéndolo. Los fueros también cuentan…