Alerta e investigación por la tercera muerte “no natural” ocurrida en cárceles salteñas
Tras la reciente muerte de un interno de la Unidad Carcelaria N°1 a causa de quemaduras en gran parte de su cuerpo, el Comité Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles e Inhumanos o Degradantes de Salta intervino y exigió una urgente investigación sobre los hechos para determinar las responsabilidades que pudieran existir.
Así lo expresaron a través de un comunicado oficial, en donde además recordaron que se trata de la tercera muerte producida bajo custodia del Servicio Penitenciario Provincial por causas no naturales en lo que va del año, e hicieron un fuerte llamado a revisar las prácticas y protocolos de actuación en estos lugares, para evitar que sucedan nuevos casos.
Además, desde el citado organismo detallaron las actuaciones que realizaron al tomar conocimiento de esta muerte, presentándose en la Unidad Carcelaria N° 1 y en el Hospital San Bernardo, recabando testimonios y preservando pruebas, las cuales se presentarán en la Fiscalía interviniente.
En el comunicado emitido por la institución, remarcaron el trabajo en línea con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, estableciendo los parámetros para la definición de muerte bajo custodia estatal, refiriéndose el término a “todo evento ocurrido estando la persona fallecida con una medida de privación o restricción de su libertad en resguardo de una institución estatal, o bien ante una intervención de fuerzas estatales que implique o no limitación –ya sea potencial o efectiva– de su autonomía”. En ese sentido, también puntualizaron que “el Protocolo de Minnesota (Manual de las Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación
Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias de Naciones Unidas”) establece la obligación de proteger el derecho a la vida y promover la justicia, la rendición de cuentas y el derecho a una reparación mediante la promoción de una investigación eficaz de toda muerte potencialmente ilícita o sospecha de desaparición forzada. Asimismo, esta definición advierte que estas muertes “pueden haber sido causadas por actos u omisiones del Estado, de sus órganos o agentes, o puede ser atribuible al Estado, en violación de su obligación de respetar el derecho a la vida”.
Urgente necesidad de modificación de la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario
Cabe recordar que, a mediados de este año, el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura presentó ante el Ministerio de Seguridad un proyecto de ley que promueve la derogación de la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario 5639, norma que fue puesta en funcionamiento a principios de la década del ‘80 en plena dictadura militar. En esa presentación, se expuso la necesidad de un marco regulatorio que responda a la normativa vigente en términos de derechos humanos. Según el proyecto, las modificaciones abarcarían desde su denominación actual a: “Servicio Penitenciario de Reinserción Social y Comunitaria de la provincia de Salta”. "Es necesario cambiar la legislación y darle un tratamiento más humanitario al tema". Consideran que se debe tener otro enfoque en el tratamiento de las personas privadas de la libertad, como así también la capacitación para el personal penitenciario. "La Ley 5639 del servicio penitenciario es del año 1980 en el gobierno de facto, y pide una reforma urgente con una mirada no tanto de castigo sino de reinserción social, por eso creemos que es necesario rever la normativa vigente", advertía entonces a Nuevo Diario Rodrigo Solá, del Comité, y en el marco de la presentación de ese proyecto de Ley.
La propuesta en cuestión apunta a un cambio en el paradigma del abordaje de las personas privadas de la libertad, con fuerte acento en los derechos y garantías de estas personas.
En cuanto a las funciones en el marco de esta posible reconfiguración, se plantearon transformaciones sobre los ejes de Trato humano; Prevención y Prohibición de la Tortura y Tratos Inhumanos, Crueles o Degradantes; Igualdad y No Discriminación; Perspectiva de Género y Diversidad; Interculturalidad; Interdisciplinariedad; y Acceso a la Justicia.
Todas estas observaciones y presentaciones parten de la crítica situación manifiesta en las unidades carcelarias y comisarías de toda la provincia, según análisis del propio comité y que derivaron en la consecuente declaración de Emergencia Provincial Carcelaria.
El planteo de fondo que persigue estas modificaciones es evitar la reincidencia, con el argumento del fracaso del sistema penal que no consigue bajar estos índices ni resolver estas situaciones sociales.
En febrero de este año se puso en funcionamiento el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, y actualmente Salta es la octava provincia que cuenta con este órgano, que busca la plena vigencia de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.