Nación podrá afectar fondos de obras ante deudas de las Provincias en la compra de energía
El debate por el proyecto de Presupuesto 2023 dejó como saldo que el gobierno nacional podrá congelar la transferencia de fondos de obras públicas si las provincias registran deudas en la compra de energía a la CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima). Emiliano Estrada, diputado nacional explicó el alcance de la medida.
El debate se centró en uno de los artículos de la propuesta presupuestaria de Sergio Massa que permitía afectar fondos de la coparticipación nacional ante deudas que las provincias registren en la compra de energía a la CAMMESA.
Finalmente y tras reclamo de los gobernadores y de la oposición se terminó por poner como garantías ante las deudas en el mercado energético a los fondos de obra pública que reciben las provincias.
Según señaló el diputado Emiliano Estrada, existen distritos cuyas empresas distribuidoras de energía deben hasta 13 meses de pagos a la compañía mayorista de energía, lo que genera déficit financiero en la empresa y que el estado nacional deba subsidiar para aliviar el impacto negativo de las deudas provinciales.
“Ese saldo de caja negativo que tiene CAMMESA lo paga el Estado Nacional, todos los argentinos, por una provincia que debe y generalmente esas provincias que se atrasan en el pago son provincias donde no aumentan las tarifas para su distribuidora”, explicó el legislador nacional.
Estrada consideró que es necesario tener posturas más firmes con estas provincias que adeudan cuotas en cuanto a la compra de energía. El diputado propuso que si bien no debía tocarse los puntos de coparticipación federal, si es necesario que también se corten líneas de crédito para aquellos distritos que presenten deudas.
“Entonces, mi planteo ayer fue, si nosotros los salteños no tenemos atraso con CAMMESA, nuestro Ente Regulador da aumento por inflación a las distribuidoras, porque las provincias que no dan aumento a las distribuidoras y consecuentemente no pagan después los tenemos que financiar todos, no podemos tratarlo con tanta displicencia y hay que ponerles penalidades más fuertes, porque si no el incentivo es a que nos atrasemos todos y que nadie paga”, sostuvo.
Actualmente empresas como EDESA una vez que compran esa energía y la distribuyen, cobran el VAD – valor agregado de distribución – que es un componente que representa el 35% de la factura. Todo lo otro que se paga son los precios de generación y transporte de esa energía.
Por otro lado Estrada criticó que EDENOR y EDESUR, empresas encargadas de la distribución de energía en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires sigan siendo reguladas por el Ente Nacional de Regulación Energética (ENRE), es decir por el gobierno nacional, y no por las administraciones provinciales donde prestan el servicio, como si sucede en el interior.
“Que las regulen Kiciloff y Larreta y no que estén metidas en el marco de una discusión siempre nacional donde el gobierno termina subsidiando a los porteños como pasa con el transporte, la energía y con todo. Ese fue mi adicional al planteo”, explicó Estrada.