Denuncias policiales: “Nuestra legislación interna tiene elementos necesarios para reprimir la conducta”
Miguel Velardez, Jefe de Prensa de la Policía de Salta, se refirió a los procedimientos que realizan ante denuncias civiles e internas a los efectivos policiales a raíz de las más de 1300 denuncias informadas hasta la fecha. En el caso de denuncias internas, aludió que los protocolos lógicos son los traslados o las licencias de una de las partes implicadas.
En cuanto a denuncias internas de la Policía, en particular de mujeres, Velardez contó que cuentan con una Dirección de Género y también un área psicosocial y laboral. Si la denuncia corresponde, también se busca la intervención de la justicia penal; además de tomar acciones como separar a los involucrados a través del traslado de los implicados o la licencia.
Velardez indicó a Nuevo Diario que en la institución policial hay un régimen disciplinario, dónde se indica que hay una investigación administrativa para cada una de las denuncias que existan a policías o por cuestiones que tengan que ver con la misma función policial.
Además, se da intervención al Ministerio Público Fiscal, para que intervenga la fiscalía correspondiente y desde las fuerzas se colabora con todo elemento de prueba que se solicite para el hecho.
Interviene también la Dirección General de Recursos Humanos, que cuenta con una dirección de investigaciones administrativas y que en la mayoría de los casos va de la mano con la Fiscalía de Derechos Humanos.
El Ministerio de Seguridad y Justicia también aborda la situación a través de la oficina de asuntos internos, dirigida en su mayoría por civiles.
"Nuestra legislación interna tiene los elementos necesarios para reprimir, de alguna forma, la conducta que se pueda detectar. Puede ir desde días de arrestos, suspensiones y la disgregación de la fuerza", dijo y remarcó que no es necesario tener una condena judicial para llevar adelante las cuestiones administrativa, ya que no trabajan sobre un delito sino sobre una falta.
Las faltas se regulan en leves (que puede llevar desde un apercibimiento verbal hasta días de arresto) y en graves (que pueden implicar una segregación o una exoneración).
De acuerdo a una investigación de este medio, 116 personas fueron imputadas por hechos. Velardez informó que en lo administrativo hubo segregaciones este año y sanciones constantes; aunque señaló que tanto el Ministerio de Seguridad cómo el Gobernador deben avalar las sanciones.
"Siempre estamos sujetos a las determinaciones de la Justicia. La institución colabora y subordina las decisiones. De toda la cantidad de denuncias, un pequeño porcentaje llega a juicio y deben verse los resultados porque puede tratarse de falsas denuncias o denuncias sin sustento", dijo.