El Gobierno defiende el protocolo para despejar de manifestantes las rutas
Este viernes a las 9, en el Centro Cívico Grand Bourg, el ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo Domínguez, informará a la prensa sobre los objetivos y aplicación del recientemente anunciado Decreto 91/2023.
De acuerdo a la información oficial este decreto "tiene como finalidad garantizar los derechos constitucionales de protesta y de libre circulación promoviendo la resolución pacífica de los reclamos sociales y el diálogo con las áreas competentes", a través de un protocolo de actuación.
El decreto tuvo un amplio rechazo de distintos sectores sociales. El Comité Provincial del Partido Obrero calificó el protocolo como "represivo" y exige su derogación.
Desde el Sindicato de Prensa de Salta entienden que una parte del protocolo puede llegar a la censura y que el trabajo periodístico debe ser garantizado con total libertad.
En tanto, la información oficial publicada en la página oficial del Gobierno señala que "siguiendo las instrucciones del gobernador de la Provincia, Gustavo Sáenz, el Ministerio de Seguridad y Justicia elaboró el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas que entró en vigencia hoy (por ayer) por medio del Decreto 91/2023 con el objeto de arbitrar los mecanismos para garantizar la paz social, la defensa de los derechos a la protesta y a la libre circulación en rutas, caminos vecinales y cualquier otra vía pública de tránsito. También promueve la eficiente resolución de reclamos y/o conflictos sociales".
Agrega que: "Lo dispuesto por el Gobernador responde a los perjuicios que ocasionan a la comunidad, la producción y las economías locales en general, los métodos de reclamo que bloquean el desplazamiento de personas, bienes y servicios".
Detalla que "Ante la situación se abordó previamente la problemática con la Justicia Federal y Provincial para que de manera conjunta se trabaje en garantizar los derechos constitucionales promoviendo el diálogo, la intervención oportuna de los organismos competentes y la realización en forma pacífica de los reclamos sociales, a fin de evitar el uso de la fuerza pública, la que representa la última instancia de actuación, según lo indica el protocolo vigente".
El decreto señala que el "Estado debe garantizar el goce de los derechos de la persona humana, adoptando medidas positivas tendientes a asegurar el orden público, la seguridad jurídica y el bienestar general de todos sus habitantes. Por ello, ante la alteración del ejercicio equilibrado de derechos se debe adoptar las vías o acciones para lograr su inmediato restablecimiento, a los fines de garantizar el ejercicio razonable de los derechos que se invocan. En tal escenario resulta procedente establecer un Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado Provincial en Manifestaciones Públicas, a fin de optimizar los esfuerzos provinciales tendientes a alcanzar una solución, evitando que las manifestaciones públicas generen situaciones de conflicto".
Rechazo
En tanto desde el Partido Obrero expresaron que "Han fracasado todos los protocolos represivos de todos los gobiernos y va a fracasar éste".
Señalan que "Desde el comienzo de su articulado el nefasto protocolo, que han condenado con razón las asociaciones de periodistas porque cercena la libertad que necesitan para trabajar, se refiere a cualquier manifestación que interrumpa el tránsito. Pero esto ocurre con cualquier movilización popular que obviamente transita por las calles, porque la mayoría de ellas no cabe en las veredas. Con este protocolo en la mano intentarán poner una mordaza y criminalizar a toda expresión de protesta callejera".
Además, remarcaron que es una excusa el ofrecimiento de diálogo con los manifestantes que plantea el protocolo. "Cuando las protestas llegan a la calle es porque antes, los trabajadores o vecinos no han sido escuchados o simplemente el gobierno rechaza sus reclamos" afirman.
Pusieron como ejemplo que los funcionarios provinciales recibieron a los delegados de todos los pueblos del Norte que enfrentan el tarifazo y reclaman la rebaja por zona caliente, 26 días después de que se iniciaran las protestas, movilizaciones, acampes y cortes de ruta masivos.
"El acampe sigue porque los reclamos de fondo de comerciantes, docentes, municipales, organizaciones de desocupados, es decir de todas las víctimas del ajuste que se han unido, todavía no tienen una respuesta seria", afirman.