La Provincia decretó la emergencia agropecuaria para los ganaderos
El Gobierno Provincial declaró el Estado de Emergencia Agropecuaria para los productores de ganado mayor y menor afectados por la sequía, de los departamentos de Anta, La Candelaria, Güemes, San Martín, Iruya, Metán, Orán, Rivadavia, Rosario de la Frontera y Santa Victoria.
El decreto Nº 101/23 está dirigido a productores cuya hacienda fue afectada en más de un 50% y deseen acceder a los beneficios de la Ley Nº 6.241, Régimen Provincial de Emergencia y/o Desastre Agropecuario.
Los mismos deberán efectuar la correspondiente denuncia de los daños ocurridos con carácter de declaración jurada dentro de los veinte días hábiles, a partir del 10 de febrero del corriente.
Las declaraciones juradas deberán realizarse a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, dependiente del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable.
Semanas atrás, el Ministerio de Desarrollo Agrario, en un comunicado, indicó que actualmente son 67 los municipios que están incluidos en la emergencia declarada por el Ejecutivo provincial, que establece que "aquellos productores que hayan visto afectada su producción o capacidad de producción entre el 50% y el 79%, serán considerados en estado de Emergencia Agropecuaria y recibirán una prórroga del pago del Impuesto Inmobiliario Rural".
Asimismo, se informó que "quienes hayan visto afectada su producción o capacidad de producción entre el 80% y el 100%, entrarán en la categoría de Desastre Agropecuario y serán eximidos del pago del Impuesto Rural".
En concreto y detallado, las decisiones adoptadas desde Nación y que impactarán en los productores locales son: Fondos rotatorios para llegar a los pequeños productores, los mismos se harán a través de convenios con Provincias, Municipios y/o Cooperativas Agropecuarias para llegar con asistencia a los pequeños productores.
Suspensión de Anticipos de Impuestos a las Ganancias.
Suspensión de juicios de ejecución fiscal y de embargos de Cuentas Corrientes.
Desafectar del cálculo de impuestos a las ganancias a los productores que hayan realizado ventas forzosas de hacienda por el impacto de la sequía.
Refinanciación de pasivos bajo las mismas condiciones en que fueron otorgados los créditos.
Nuevas líneas crediticias con tasas subsidiadas para atender compromisos comerciales y capital de trabajo, y el pago de arrendamientos para la próxima campaña.
Derogación de la resolución del BCRA que incrementa el costo financiero de los productores de soja.
Homologación de los pedidos de emergencia en trámite en el Ministerio de Economía.