Reconociendo que no hubo delito, la Justicia ordenó que dos periodistas paguen $ 500 mil
Las conductoras del programa Opiniones Sanlorenceñas, Julieta Valencia y María Agustina Rodríguez, celebraron la resolución que emitió la jueza María Victoria Montoya, al considerar que no calumniaron ni injuriaron al concejal de San Lorenzo, Juan Pablo Dávalos, al emitir opiniones respecto a posibles irregularidades en el manejo de fondos públicos.
Sin embargo, la jueza en el mismo fallo, hizo lugar a la acción civil interpuesta por Juan Pablo Dávalos, y las condenó a pagarle $ 250 mil pesos cada una en concepto de indemnización sustitutiva por daño moral.
Además, ordenó que se eliminen de la plataforma Facebook y demás medios masivos de comunicación, los programas televisivos relacionados a Dávalos.
Julieta Valencia señaló a Nuevo Diario, que apelarán esa resolución de la jueza y correrán traslado a la fiscalía para que investigue las supuestas irregularidades.
"La calumnia y la injuria no configuraron un delito, sin embargo, nos quieren hacer pagar. Es un tanto ridículo ya que, si no hay delito, no deberían tipificar una condena dado que no hay daño", sostuvo Valencia, al ser consultada por este medio.
"Nadie entiende el fallo de la jueza. Además, si se sienta jurisprudencia, nunca más un periodista va a poder decir nada, porque las cifras son muy elevadas. ¿Quién puede pagar $ 250.000?", afirmó.
Valencia y María Rodríguez Laconi fueron querelladas por el concejal Juan Pablo Dávalos luego de que lo acusaran en su programa de quedarse con el dinero del alquiler de canchas de fútbol del municipio de San Lorenzo, que se emplazan en el Nodo de Inclusión de Desarrollo y Oportunidades (NIDO) que está en barrio San Rafael.
"Estas calumnias e injurias de las que hablaba Dávalos cuando apuntábamos a las irregularidades y negociados no fueron tales. Él se sintió ofendido cuando está manejando fondos públicos. Vamos a correr traslado para que investigue el fiscal porque tiene que ver con el dinero público. Las pruebas se presentaron y por eso la jueza no dio lugar a la denuncia penal", afirmó Valencia.
Explicó que el edil no aceptó hacer uso de su derecho a réplica en el programa.
Por último, sostuvo que: "Como concejal tiene la obligación de controlar al Ejecutivo municipal y de pedir informes cuando hay irregularidades en el manejo de fondos. A pesar que le pedimos que haga el pedido de informe, nunca lo hizo porque su esposa es asesora legal del intendente".