Piden informes a la comuna por el gasto en consultoras privadas de Buenos Aíres

Dos pedidos de informes ingresaron al Concejo Deliberante que buscan dilucidar los motivos y las partidas que se afectaron para la contratación de una serie de consultoras privadas por parte de la Municipalidad de Salta.

Ambos informes corresponden a las concejales Paula Benavides (Salta Independiente) y Alicia Vargas (Unidos por Salta), donde piden que la Municipalidad informe sobre los gastos efectuados a las consultoras Webar, Escenarios S.A.y Malabia, todas pertenecientes al empresario porteño Gustavo Ariel Buchbinder.

El medio Cuarto Poder había advertido en una publicación que las tres firmas habían facturado un acumulado de $53 millones a lo largo de cincos meses, desde septiembre del 2022 a enero del 2023.

Por ello, Vargas advirtió ante Nuevo Diario que buscan saber las partidas que se afectaron para el pago de los estudios e informes que solicitaron de las consultoras, además también el fin de las mismas, algo que no fue explicado por la comuna.

El informe que presentó la edil del boque oficialista alude a conocer los importes pagados y listado de proveedores municipales que prestan servicios de consultoría.

Por el lado de Benavides, el pedido apunta a conocer la cantidad de liquidaciones a las consultoras en los períodos de los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.

“Necesitamos saber que monto se les pagó desde que se las contrató hasta la fecha y cuál es el motivo de la contratación, que es lo que iban a investigar”, detalló sobre su pedido la concejal Vargas a este medio.

Vargas consideró que este tipo de contrataciones no pueden ser afectadas a partidas como la de Publicidad y Propaganda, que figura en el Presupuesto General del Municipio, ya que no cumple con la misión que establece este fondo, más aún si los estudios que se realizaron tienen que ver con medición de imagen pública de la figura de la mandataria municipal.

Según pudo averiguar este medio, los ediles creen que se afectaron fondos de esta partida con fines electorales y medir la imagen de la intendenta de cara a los comicios del 2023, por lo que esperan conocer fehacientemente los procesos que implicaron esta contratación para evaluar si hubo irregularidades.

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