Control de alcoholemia a empleados municipales de R. de Lerma costaría $2.400.000
Durante las últimas horas, la ciudad de Rosario de Lerma se encuentra sumergida en una nueva polémica, tras la aprobación de una ordenanza que dispone la realización de pruebas de alcoholemia a todos los empleados municipales antes de comenzar su jornada laboral.
Si bien la iniciativa tiene el objetivo de garantizar un ambiente de trabajo seguro y libre de incidentes relacionados con el consumo de alcohol, ha sido muy criticada por varios sectores de la comunidad, que inclusive hablan de “invasión a la privacidad”, o bien, de la ausencia de un marco o de los fundamentos apropiados que apunten al establecimiento de un protocolo para la prevención del consumo de sustancias que pudieren alterar los estados conscientes de los trabajadores en el ámbito laboral. Es decir, se desconoce en absoluto, los criterios de implementación del mismo.
Otra de las críticas se centra en el alto costo asociado con la implementación de esta medida. Según estimaciones, solo en boquillas para los alcoholímetros, el municipio gastaría aproximadamente $2.400.000 mensuales, considerando que cada boquilla tiene un costo de $300 y se realizarían pruebas diarias a unos 400 empleados. Este gasto ha sido calificado como «innecesario» por algunos críticos, especialmente en un contexto donde los recursos municipales son limitados y podrían destinarse a otras prioridades.
El concejal rosarino Matías Cruz, autor de la ordenanza, en sus argumentos, estableció que la medida busca prevenir incidentes y garantizar la eficiencia y seguridad en el lugar de trabajo. Sin embargo, la polémica y mayores observaciones sugieren que la verdadera motivación podría estar relacionada con otros intereses, como la identificación y eventual despido de ciertos empleados.
Casos testigo en el país
En septiembre de 2023, el municipio de Cipolleti, Río Negro, promulgó una ordenanza que obliga a los empleados estatales a realizarse exámenes toxicológicos en el marco de un protocolo de prevención, con el objetivo de detectar agentes públicos con problemas de adicciones y asistirlos en los tratamientos.
A diferencia de la improvisada medida aprobada en Rosario de Lerma, la de Cipolleti prevé la realización de test toxicológicos obligatorios para los trabajadores municipales. Las muestras son tomadas por sorteos mediante número de legajo, y en los lugares de trabajo. También se contempla la realización de pruebas a trabajadores con signos de intoxicación o cuando se detecten señales de consumo problemático. Además, aclararon que debe existir un compromiso entre el intendente, funcionarios, empleados y ediles, es decir un acuerdo de partes.