El Senado trata la expropiación a favor de los vecinos de Ampliación Santa Ana
En su sesión ordinaria, la cámara alta tiene previsto dar sanción a la ley que expropiará 111 inmuebles para ser adjudicados a las familias que se encuentran en reclamo desde hace años para regularizar su situación.
La iniciativa fue presentada por el ahora intendente, Emiliano Durand, cuando todavía ejercía como senador por el Departamento Capital.
Tras obtener los dictámenes favorables en comisiones, la Cámara de Senadores sancionará en la jornada de hoy el proyecto de ley que busca acabar con el conflicto que atraviesan las familias de la zona desde hace años.
El dictamen estipula que la expropiación es con el único fin para la adjudicación directa “a quienes acrediten fehacientemente ser ocupantes con derechos posesorios por un periodo no menor a 5 años”.
La propuesta tuvo dictamen favorable en mayo del 2023, pero 10 inmuebles fueron objeto de discusión por lo que se los excluyó del proyecto original, lo que generó que la ley vaya y vuelva desde la Cámara de Diputados.
El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) será el encargado de verificar el cumplimiento de los requisitos que establece la Ley 2.616 para los adjudicatarios. También se prevé que los catastros comprendidos en la ley, queden exentos de pagar honorarios por lo que implica el proceso expropiatorio.
Desde 2018 que inició el conflicto, vecinos de la zona se manifiestan cada sesión que pasa en frente a la Legislatura Salteña.
Las parcelas comprendidas no podrán ser enajenadas por sus dueños según establece el artículo 3 del proyecto.
El calvario de los vecinos
Los vecinos de Barrio Ampliación Santa Ana viven un calvario desde hace unos años en el marco de un proceso de adquisición de tierras con irregularidades en medio de una quiebra empresarial.
Los terrenos donde se encuentran pertenecían a la empresa que se encargó de la construcción de la ruta hacia el Aeropuerto Martín Miguel de Güemes. La mayoría de los vecinos compró a esta firma los terrenos.
Luego del quiebre de la misma hace varios años, hubo una serie de irregularidades que terminaron con la compra de un privado conocido como Miguel Alberto Rueda a un precio mucho menor de lo que pagaron los vecinos.
“Hace 20 años que pagamos los impuestos y que existe un barrio, pero dejaron que se vendiera como una finca y que la comprara Miguel Alberto Rueda por 500 mil pesos en un remate”, explicaba una vecina en diálogo con Radio Dinamo.
Por esta maniobra irregular, el nuevo dueño que se hizo con los terrenos empezó a exigir un nuevo cobro a un precio mucho mayor por los terrenos e incluso empezó a avanzar con judicializar los casos al punto de generar órdenes de desalojos hacia las familias.