En la causa Juan Carlos Romero contra Nuevo Diario, parecería que el destino le da una “mano” al diario “Chiquito”, proveniente del lugar menos pensado: la familia Romero.
Trascendió y se nacionalizó la noticia de que en Salta también hay –por ahora- dos lugares que fueron allanados donde se encontraron mercaderías y materiales destinados a la ayuda social que no se entregaron oportunamente.
Los detalles “finos” de la información dicen que el pariente de la ahora ex intendenta Bettina Romero, hija del senador nacional Juan Carlos Romero, y hermana del diputado provincial, Juan Esteban Romero, el ex funcionario Luis Emilio Fayón Medina, ex presidente de la Panadería Social durante la gestión de su prima le encontraron en su domicilio, mercadería, sillas ortopédicas, calzados y ventanas, entre otros bienes y productos que tenían como destino la asistencia social.
Los allanamientos fueron ordenados en el marco de una investigación de la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio. Los faltantes estaban en dos lugares. Uno es la casa del expresidente del directorio de “Pan Solidario – Panadería Social”, Luis Emilio Fayón Medina, quien también fue jefe del programa de Asistencia Crítica y de Ciudadanos en Situación de Riesgo y que junto a otras 25 personas también figura como empleado del senador Romero.
La denuncia fue presentada por la gestión del actual intendente, Emiliano Durand, en diciembre de 2023, por la Oficina de Obras y Desarrollo de la Municipalidad salteña por posibles delitos económicos relacionados con la sustracción de materiales, mercadería y otros bienes de los depósitos municipales ubicados en el parque industrial, faltantes que detectó el equipo de la actual gestión de Emiliano Durand en una serie de auditorías a la administración de su antecesora, Bettina Romero.
En el marco de la investigación, los integrantes de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) detectaron irregularidades como la “falta de documentación de respaldo, inexistencia de equipos informáticos, ausencia de cámaras de seguridad, y la falta de elementos de seguridad como matafuegos”, añade la información oficial. Por las “evidencias recabadas”, la fiscal solicitó al Juzgado de Garantías el allanamiento de la vivienda y la finca y el secuestro de los elementos que se pudieran encontrar.
¿Qué tiene que ver esta información con el juicio que propicia el senador nacional Juan Carlos Romero contra Nuevo Diario?
Mucho. Y es que, la causa trata de demostrar que Nuevo Diario injurió al legislador salteño en cuatro oportunidades más, luego que se firmara en 2.019 una mediación que terminó siendo un bozal legal al diario “Chiquito” para evitar que se hablara del tres veces ex gobernador salteño. Y la verdad es que, el pequeño matutino siguió informando las noticias que genera y hacen de Juan Carlos Romero un hombre público, porque en el “corto” lapso de 38 años de su vida política, algo hizo, y sí hizo -según las causas judiciales-, quizás también por el pueblo al que representa.
Lo concreto es que, en la causa a la que se refiere esta nota, que se ventilará próximamente, lo que se le censura a Nuevo Diario en esas cuatro supuestas difamaciones, donde en una de ellas se cometió el desacierto de haber reproducido información cierta, verdadera, segura, indubitable, como lo fueron las declaraciones de la diputada Mónica Juárez durante una sesión de la Cámara de Diputados, que se atrevió a llamar al senador nacional “usurpador vip” al referirse a la causa La Ciénaga, que el próximo 4 de octubre cumple 14 (catorce) años sin esclarecerse.
Cuando la impunidad juega en contra
Ahora bien, la noticia sobre este hallazgo de ayuda social sin entregarse oportunamente dispara una ráfaga de preguntas y observaciones que ponen sobre este “tapete” pensamientos como: Si la denuncia se hizo en diciembre y recién ahora y justo el 7 de junio, Día del Periodista, -como si Luciano Jaime intercediere para aportar el pedido de justicia y verdad en este tema- se conoce este procedimiento judicial, ¿Por qué y sabiendo –porque lo sabían- que eso estaba mal, que es una estafa a la necesidad de los más vulnerables, un “ninguneo”, una burla, igual lo llevaron adelante? ¿Será que los acopiaron para “ayudar” a decidir el voto en las próximas y cercanas elecciones del año que viene? ¿Será que el primo de Bettina o sobrino de Juan Carlos actuó solo y que ahora sí puede quedar solo?
La respuesta a estas preguntas y otras que se puede hacer el lector está en la palabra impunidad, que es la ausencia de castigo a las acciones contrarias a Derecho, porque en este caso se confiaron y la Justicia tuvo que actuar y no pudo tapar el sol con un dedo.
Orgullosamente vacíos
Este hecho también es una afrenta a los dichos del exsecretario municipal Aroldo Tonini, un funcionario de peso en la gestión de Bettina Romero, quien, en diciembre del año pasado, se había referido al escándalo del vaciamiento de los galpones del municipio diciendo: “Los galpones están vacíos porque la gestión trabajó siempre en la contención social de grandes sectores vulnerables de la ciudad salteña. Orgullosamente vacíos, porque la función de la gestión era entregar y contener con elementos sociales a sectores muy vulnerables que demandan contención. ¿Qué es estar vacío? Siempre fueron compras de elementos sociales que se han ido entregando sistemáticamente como plan de trabajo de la gestión de Bettina Romero”.
Y concluyó: “Hay una gestión impecable, transparente, que se entregó a esto. Esto no es solo para los funcionarios entrantes, sino para la comunidad. Los galpones tenían elementos sociales que durante cuatro años se entregaron”. Obvió reconocer que, en realidad los galpones se vaciaron porque las cosas fueron a parar a casa del primo de Bettina, sobrino de Juan Carlos.
¿Cómo ayuda este tema en el juicio a Nuevo Diario?
Simplemente comparando el tratamiento de la información que en este caso también roza a la familia Romero que, quizás, a partir de ahora no tienen nada que ver con Emilio Fayón. Para Nuevo Diario fue título principal, mientras que para El Tribuno mereció 2 columnas al pie de su tapa. Los diarios y portales nacionales se hicieron eco de ese suceso también dándole importancia por el contexto de la proximidad familiar del implicado.
Por este motivo es que se quiere acallar a Nuevo Diario, para que deje de ser el “amigo del pueblo” en su forma de informar contraponiéndose con el diario grande que propicia la libertad de empresa sobre lo que realmente significa informar y no ser –el diario “Chiquito”- el medio que defiende los intereses económicos y políticos de un grupo empresarial y/o familiar.
El destino, en su forma más insólita viene a ratificar el por qué debe seguir existiendo Nuevo Diario. Para que hechos como este, o como La Ciénaga se conozcan en su total dimensión más allá de los casi 14 años de impunidad, aunque le moleste a “alguien” importante de la famosa “casta” política que goza de muy buena salud.
Dependerá de la Justicia para que legitime o no esta denuncia con destino de censura o exterminio del Nuevo Diario y por extensión a la tarea que desarrolla el diario “Chiquito”, el amigo del pueblo.
Dice un aforismo: “Coma pasto, millones de vacas no pueden equivocarse”. Nuevo Diario no come pasto -el lector tampoco-, y no se equivoca en esto de defender el derecho a la información o a la libertad de prensa y a la libertad de expresión, aunque le cueste un juicio.
NAG