María José Guerrero, presidente del Centro de Jubilados y Pensionados San Joaquín, denunció penalmente por amenazas a Carlos Cabrera, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen, quien además es hermano de la intendenta, Soledad Cabrera. El jubilado pidió una perimetral para evitar que el funcionario se le acerque.
El cruce violento tuvo lugar en el domicilio de Guerrero, luego de que él manifestara su opinión respecto a una información publicada por el municipio, que daba cuenta de una reunión de la intendenta Cabrera con funcionarios del PAMI y mencionaba, además, que la comuna se comprometía a “trabajar de manera conjunta con el Centro de Jubilados, el Hospital Eva Duarte de Perón y otras instituciones de salud y asistencia a adultos mayores”. Todo esto sin que Guerrero fuera consultado sobre su participación u opinión.
En la misma entrevista Guerrero se refirió a la carta que envió al director del PAMI, Sergio López Alcobenda, en la que pide que se provea a los jubilados de elementos de fisioterapia pues tienen demoras de hasta un año, y que puedan contar con especialistas.
Cabe recordar que el PAMI, por un amparo que presentó el Centro de Jubilados en el 2021, debe garantizar la cobertura médica, asistencial y farmacológica a los afiliados.
“El sábado al mediodía vino a casa el secretario de Gobierno (Carlos Cabrera) en estado de ebriedad, quien además es mi sobrino. Me insultó y amenazó de muerte porque dice que hablé mal de la hermana (Soledad Cabrera). Yo salí en un medio hablando sobre la reunión de la intendenta con Alcobenda en Salta y que a partir de ahí venían a Irigoyen a realizar un trabajo social entre el hospital, el municipio y el PAMI e incluyeron al Centro de Jubilados, cuando nunca nos dijeron nada. Aclaré eso nada más”, dijo Guerrero a Nuevo Diario.
“En la entrevista yo hablé sobre lo que atañe a la institución. Él es secretario de Gobierno, es funcionario público, más allá del estado de ebriedad”, advirtió.
Repudio
El Centro de Jubilados, a través de notas dirigida a la intendenta Soledad Cabrera, al senador provincial Juan Cruz Curá, director del PAMI y a los concejales señala que “resulta alarmante y escandaloso que integrantes del equipo político de la intendenta estén involucrados en actos delictivos que ponen en riesgo la integridad física y psicológica de ciudadanos, periodistas y líderes institucionales”.
Pidió además “medidas inmediatas y efectivas” para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y asegurar que los responsables sean llevados ante la Justicia.
Reclamos a la obra social
Los jubilados solicitan que el PAMI cumpla con la provisión de elementos de fisioterapia, facilite las atenciones con especialistas y farmacia en Irigoyen que reciba la obra social.
“El PAMI dice que nunca abandonaron a los jubilados porque tenemos los especialistas en el hospital, que si los tiene por su nivel de complejidad. Pero no dicen que el hospital tiene que atender a 127 mil pacientes en los que estamos incluidos”, indicó María José Guerrero, presidente del Centro de Jubilados y Pensionados San Joaquín.
“Las clínicas no trabajan con el PAMI y entonces tenemos que pagar. Si vamos al hospital tenemos turnos de entre 30 y 45 días, porque no le pagan la cápita. Las cirugías las posponen”, agregó.
Por último, remarcó que: “no contamos con farmacia con convenio con el PAMI, nos vemos obligado a viajar a Orán”.