A diez años de su creación, el Observatorio de Violencia presentó un nuevo informe anual
El Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM) cumplió diez años desde su creación por la Ley 7863 y presentó su informe anual.
El informe 2025 obtuvo una advertencia central: las denuncias por violencia de género se incrementaron un 98% en la última década, un indicador que refleja tanto un mayor acceso a derechos como una demanda urgente de más recursos estatales.
Florencia Sánchez, una de las directoras del organismo, analizó en diálogo con Hora de Voces el recorrido del Observatorio, su consolidación como referencia en datos y la necesidad de profundizar políticas públicas basadas en evidencia.
Sánchez remarcó que el Observatorio se transformó en una herramienta fundamental para que los tres poderes del Estado comprendan dónde y cómo intervenir.
“Uno de nuestros aportes ha sido justamente brindar información para que quienes diseñan políticas públicas puedan focalizar dónde hay que trabajar”, explicó.
Asimismo, recordó que para construir estadísticas fiables fue necesario articular con la Justicia, el 911, el SAMEC y otras instituciones.
El informe también muestra la evolución de femicidios, muertes violentas de mujeres y otros indicadores que permiten dimensionar el fenómeno. Aun así, Sánchez subraya que los datos son solo “una fotografía parcial”.
La mayoría de los hechos no se denuncia
La directora advirtió que los registros oficiales no captan la totalidad de los casos.
“La mayoría de las mujeres no denuncia. Hay miedo, vergüenza y naturalización de la violencia”, señaló, citando una encuesta de prevalencia realizada por el programa Spotlight en Salta.
Además, remarcó que, pese al crecimiento de las denuncias, esto no implica un aumento de la violencia sino una mayor conciencia social y más herramientas institucionales.
“Las leyes y los recursos permitieron a muchas mujeres animarse a pedir ayuda. Antes la violencia existía igual, pero no había dónde acudir”, afirmó.
Nuevas modalidades de violencia que empiezan a visibilizarse
Sánchez destacó que, además de la violencia física y doméstica, comienzan a registrarse más casos vinculados a otros ámbitos: violencia obstétrica en el sistema de salud y violencia laboral en organismos públicos y privados.
“Hay una fuerte demanda para crear protocolos internos. No todo pasa por la justicia: las instituciones también deben tener mecanismos de protección”, explicó.
Un ejemplo reciente es el protocolo aprobado por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta, elaborado con asistencia técnica del Observatorio, que establece procedimientos para empleados que sufren violencia tanto en el ámbito laboral como en el doméstico.
Capacitación y cambio cultural: “No alcanza con cumplir una formalidad”
Además de la producción de datos, el Observatorio sostiene una intensa agenda de capacitaciones para desnaturalizar las prácticas que sostienen la desigualdad.
“Detrás de la violencia hay creencias y representaciones que la legitiman. Nuestro desafío es transformar esas prácticas. Pero también evitar que la capacitación quede en la formalidad: tiene que generar cambios reales en cada institución”, indicó.
Sánchez recordó que, en términos históricos, el país lleva poco tiempo con marcos legales específicos:
“Recién desde 2009 tenemos una ley integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Estamos avanzando, pero todavía falta transformar la cultura”.
“Es un problema que nos atraviesa a todos”
La directora insistió en que la problemática no es exclusiva de las mujeres ni responsabilidad solo de los varones:
“Es un problema que atraviesa a toda la sociedad. Todos reproducimos —o podemos transformar— prácticas que sostienen la desigualdad”.
A diez años de su creación, el Observatorio reafirma su rol técnico y político: producir información rigurosa, acompañar a las instituciones y fortalecer mecanismos de protección para las mujeres.
“Nuestro trabajo apunta a que el Estado llegue a tiempo y a que ninguna situación de violencia quede desamparada”, concluyó Sánchez.