Abren investigación judicial con dos frentes por la boda en Las Conchas
La reciente celebración de un casamiento en la Quebrada de las Conchas, en Cafayate, derivó en una investigación judicial que combina dos frentes: una causa penal por presunta falsificación de documento público y actuaciones contravencionales por la realización de un evento en un área natural protegida sin autorización.
La fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, confirmó que la investigación se orienta a determinar si se utilizó un permiso adulterado para llevar adelante la celebración. Según explicó, el documento presentado muestra irregularidades evidentes: “tenía una firma pegada, como cortada y pegada”, lo que encendió las alarmas sobre su autenticidad. De acuerdo al análisis preliminar, el material exhibido contiene inconsistencias formales. “Hay una primera foja donde se menciona un supuesto evento, pero no existe una parte resolutiva donde la Secretaría autorice. En la segunda hoja aparece una firma que claramente está recortada”, detalló la fiscal. La hipótesis en estudio encuadra en el delito de falsificación de documento público, que prevé penas de uno a seis años de prisión. La causa se inició tras la denuncia del secretario de Ambiente, Alejandro Aldazábal, quien advirtió que el permiso presentado no habría sido emitido por el organismo correspondiente. A partir de allí, el Ministerio Público Fiscal puso en marcha medidas para identificar a los responsables y reconstruir el origen del documento. En paralelo, la Unidad Fiscal Contravencional interviene por la posible infracción administrativa vinculada a la realización del evento sin habilitación. Ambas líneas de investigación avanzan de manera coordinada. Entre las primeras diligencias, la Fiscalía busca identificar a la persona que presentó la supuesta autorización —que sería titular de un catastro en la zona— y requerir la documentación original. La investigación también alcanza a organizadores, intermediarios y cualquier persona que haya intervenido en la posible adulteración del permiso.
Impacto ambiental y cuestionamientos
El caso no solo generó repercusiones judiciales, sino también ambientales. Desde la Subsecretaría de Políticas Ambientales, el funcionario Normando Zúñiga advirtió que la celebración produjo un impacto negativo en la biodiversidad del área protegida. Según indicó, la combinación de música, iluminación y circulación de personas afectó a especies como vizcachas, zorros y aves. “La idea de proteger el área es evitar este tipo de situaciones”, sostuvo, al tiempo que remarcó que estos eventos requieren autorización previa y la contratación de un seguro, requisitos que no habrían sido cumplidos. Zúñiga también coincidió con la hipótesis de irregularidades en la documentación: “La firma es real, pero copiada y pegada en el documento; eso será investigado por las autoridades”.
Repercusiones políticas
La polémica escaló además al plano político local. El concejal de Cafayate, Gastón Cecconi, afirmó haber detectado irregularidades desde el inicio del evento y apuntó contra autoridades municipales y policiales. “Me llamó la atención los camiones que llegaban porque ya era de público conocimiento que había escenarios y sillones”, señaló. Según su relato, al consultar con la intendenta y el comisario, ambos aseguraron que existía un permiso otorgado por el área de Ambiente. Para el edil, la situación se agrava por la continuidad del evento pese a las denuncias. “Si hay una denuncia de un funcionario provincial y aun así la fiesta siguió, es porque los protagonistas sienten alguna protección”, afirmó.
Por ahora, la postal romántica quedó archivada. En su lugar, aparece una causa penal que intenta responder una pregunta bastante más terrenal: quién firmó —o recortó— el permiso que nunca debió existir.