Abuela cruel pretende desalojar a la niña Dulce y a su mamá

El próximo 17 de septiembre, justo después de las fiestas patronales de la capital salteña, Dulce —una niña que denunció a su abusador y logró una condena histórica en 2023— y su madre podrían quedar en la calle.

La orden de desalojo no proviene de un banco ni de un organismo estatal, sino de la propia abuela de la niña, en lo que la familia denuncia como un nuevo episodio de represalia por haber roto el silencio. La vivienda en disputa pertenece al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y fue adjudicada de manera irregular a la abuela gracias a contactos políticos.

Durante ocho años, la madre de Dulce pagó las cuotas correspondientes, informando en su momento a las autoridades del organismo. Sin embargo, en vez de resolver la situación administrativa, el IPV permitió que la disputa escalara a la justicia, donde las influencias familiares y la falta de perspectiva de género dejaron a la niña y a su madre en estado de vulnerabilidad. “Es inadmisible que la propia abuela quiera dejar a su nieta en la calle, sobre todo tratándose de una casa del IPV y sabiendo que tiene otras propiedades. Lo más grave es que la justicia nunca nos protegió”, expresó la madre de Dulce a Nuevo Diario, único medio que cubrió todas las instancias de este caso.

De la denuncia al hostigamiento judicial

La persecución contra la madre comenzó tras denunciar violencia y lograr la exclusión del hogar del agresor, hijo de esta misma abuela. La situación se agravó cuando denunció el abuso sexual contra Dulce, quien entonces era apenas una niña pequeña. Desde ese momento, se inició una cadena de represalias judiciales y económicas. En 2023, un tribunal condenó al agresor a 12 años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante contra Dulce y abuso sexual con acceso carnal contra su madre. Esa sentencia marcó un antes y un después: lejos de traer calma, intensificó la hostilidad de la familia paterna, que ahora busca despojarlas de su único hogar. La madre de Dulce carga sola con los gastos de la niña —terapias, educación, alimentación— y recibe apenas un aporte alimentario irrisorio. Mientras tanto, enfrenta más de 17 causas judiciales abiertas, impulsadas en gran parte por la familia del condenado, en lo que especialistas señalan como un claro caso de violencia vicaria: atacar a la madre utilizando a la hija como herramienta de castigo.

Sin respuestas del Estado

La situación desnuda el abandono estatal. Ni el IPV ni la Secretaría de Derechos Humanos intervinieron con firmeza para garantizar el derecho a la vivienda de la niña. La única respuesta oficial fue sugerirle a la madre que se inscribiera en un sorteo de viviendas, al que nunca accedió porque quedó reservado para grupos con capacidad de ahorro previo millonario. El pedido de audiencias al gobernador Gustavo Sáenz fue rechazado en tres oportunidades, mientras que organismos provinciales se limitaron a gestiones superficiales. “La justicia en Salta actúa con tráfico de influencias y desprotege a las víctimas. Lo que vivimos es violencia institucional sistemática”, denunció la madre.

Audiencia e instancias claves

El próximo 10 de septiembre, la jueza de familia Inés Villanogues deberá tratar en audiencia la cuestión de alimentos y el régimen comunicacional con los abuelos. Allí se pedirá que la vivienda quede como parte del pago de alimentos, garantizando a Dulce el derecho a un hogar. La abuela ya adelantó su negativa y avanza sin contemplaciones con el desalojo.

Un pedido desesperado

“Pedimos que la justicia escuche a mi hija, que la proteja y que de una vez por todas se termine esta persecución”, insistió la madre, quebrada tras años de hostigamiento. El caso no solo interpela al Poder Judicial, sino también a la sociedad salteña. La historia de Dulce revela cómo la revictimización de mujeres y niñas sigue siendo una práctica arraigada, donde la violencia institucional y el tráfico de influencias pesan más que los derechos de la infancia. “Queremos que mi hija siga viviendo en su hogar, que se respete su derecho a la infancia y a una vida digna. Basta de violencia institucional y de persecución. Basta de tráfico de influencias”, concluyó.