Acusan a Monseñor Cargnello por la retención de 9 mil dólares hace 10 años y que no devolvió
Juan Casabella Dávalos, abogado de las Carmelitas Descalzas, sostuvo que los fiscales no pueden averiguar personas sin tener un hecho delictivo a probar como lo hicieron con sus defendidas y los involucrados en su situación económica como Marcelo Mentesana y Carlos Obeid.
Si la situación continúa, aseguró, realizará la denuncia correspondiente por el delito de abuso de autoridad. De acuerdo a los dichos del defensor la cuestión de fondo, tras una audiencia deviene de una situación de hace más de 10 años cuando monseñor Mario Antonio Cargnello retuvo 9 mil dólares de la congregación y no los devolvió.
Juan Casabella Dávalos explicó a Nuevo Diario que no hay ninguna denuncia formal hacia María Livia Obeid, ni sobre ningún manejo económico turbio, y consideró que las expresiones que apuntan a una manipulación hacia las monjas son parte de la violencia institucional y de género que ejercería Mario Antonio Cargnello, arzobispo de Salta.
La denuncia sobre ello la radicó la Madre Priora de las Carmelitas, y en su defensa el Arzobispo afirmó que las monjas estaban siendo manipuladas económicamente por la fundación Obra Yo soy la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús y Yo soy el Sacratísimo Corazón Eucarístico de Jesús (Fundación de la Virgen del Cerro), administrada por Carlos y María Livia Obeid, para denunciarlo.
Tras la afirmación de Cargnello, la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Salinas Odorisio, inició una investigación que el abogado consideró ilegal contra las Carmelitas sobre sus cuentas del Convento.
Casabella Dávalos afirmó que ya no permitirá la investigación contra las Carmelitas sin tener una hipótesis delictiva y remarcó que los fiscales están investigando sin tener un hecho delictivo puntual, lo que consideró "ilegal, un abuso de autoridad y delito". El abogado sostuvo que el averiguar personas sin tener una hipótesis eran acciones de la época del proceso militar. "Si eso van a hacer, voy a denunciar ya. Esto ya no da para más", aseguró.
Según el abogado, los fiscales se dedicaron primero a investigar a las Carmelitas, que no pueden administrar sus bienes por estar enclaustradas, y luego se dirigieron a investigar al administrador, Marcelo Mentesana.
Seguidamente, apuntaron hacia Carlos Obeid, quien actúa como auxiliar fiscal realizando controles sin tener la administración de ningún bien del Convento San Bernardo.
Casabella Dávalos remarcó que la Fundación de María Livia Obeid está legalmente constituida e inscripta en la dirección de Personas Jurídicas de la Provincia donde se aprueban anualmente las cuentas y balances, que de no estar aprobadas la Fundación no podría seguir funcionando. El registro es público y cuenta con las aprobaciones correspondientes del Vaticano. Con las cuentas aprobadas, Salinas Odorisio decidió tomar declaración a la Madre Priora hace cerca de 20 días. Luego de dicho encuentro, la fiscal acusó públicamente a Casabella Dávalos de haberla tratado con descortesía y de haberla hecho sentir violentada, lo que la llevó a excusarse de la causa. El abogado no fue notificado de esta acusación.
El abogado indicó que la acusación es "un absurdo", ya que la fiscal es quien detenta el poder público y podría haber ordenado su detención si hubiera querido al observar alguna irregularidad en su comportamiento durante la audiencia y ante la presencia de secretarios fiscales y policías. Reitero que la cuestión de fondo es que durante la audiencia se descubrió que el Arzobispo tiene los ahorros faltantes del Convento por 9 mil dólares, que fueron solicitados a la anterior Madre Priora.