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Acusan de cohecho al juez de Orán, Claudio Parisi y a su sobrina policía Mariana Castellanos

El magistrado Claudio Alejandro Parisi, juez de Garantías 2 de Orán, y su sobrina, la sargento Mariana Castellanos, están acusados de cohecho pasivo agravado por recibir dinero para otorgar arresto domiciliario y evitar que un caso llegara a juicio.

La investigación se inició tras interceptar conversaciones entre Mariana Castellanos y Beatriz Leniz, acusada de narcotráfico, donde se acordaban beneficios procesales a cambio de dinero.

Leniz pagó a Castellanos, quien actuaba como intermediaria de Parisi, para asegurar su liberación y detener el proceso judicial.

El caso avanzará hacia juicio oral y público luego de que se comprobaran diversas irregularidades en el manejo del proceso. El proceso se inicia a partir de un informe presentado ante la Procuración General de la Provincia de Salta por parte de la Fiscal Penal 2 de Orán, donde planteaba que, en el marco de una investigación que llevaba adelante contra policías pertenecientes al grupo SINAR 23 de Orán, del análisis de las comunicaciones contenidas en el celular de la investigada  Castellanos, surgen diálogos entre esta y Beatriz Leniz, imputada por comercializar estupefacientes, en los que se acuerda la concesión de beneficios procesales a cambio de dinero para el juez de Garantías a cargo de la causa.

Del procurador

Ante esta situación, y en aquella oportunidad, el Procurador General, Pedro García Castiella, dispuso la creación de una Unidad Fiscal mediante la Resolución N.º 1463/23, de fecha 29 de septiembre de 2023, para llevar adelante la investigación de la sospecha inicial. Castellanos invocaba abiertamente su relación de parentesco con el Magistrado a cargo del Juzgado de Garantías 2 de ese distrito, señalando que se trataba de su tío (lo que se pudo verificar de manera certera con la información remitida por el Registro Civil de la provincia). Parisi tiene en trámite un requerimiento a juicio por la comisión del mismo delito, en una causa por el robo de la empresa Abra del Sol, con el procesado Cristian Palavecino, y donde los fiscales concluyeron que le concedió arresto domiciliario al imputado Dimas Ruiz a cambio de una suma de dinero.

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