Advierten los peligros de eliminar la Ley de Emergencia Territorial Indígena
El miércoles, 14 comunidades originarias recibieron carpetas técnica jurídica y catastral que acreditan la finalización del relevamiento territorial ordenado por la Ley Nacional N°26160. Estos títulos son el paso previo a la obtención de la propiedad comunitaria y participaron comunidades originarias de Iruya, Rosario de Lerma, Los Andes y Anta. Los relevamientos se realizan con un equipo técnico de la subsecretaría de regularización territorial y registro de comunidades indígenas y el Institut
Martín Plaza, director de Tierras y Registro Nacional de Comunidades Indígenas del INAI expresó a Nuevo Diario que para llegar a esta entrega hubo muchísimo trabajo por parte de las comunidades, sus representantes, y a través también de la decisión del estado provincial y nacional de firmar un convenio en el marco de la Ley Nacional 26.160 para llevar adelante un reglamento técnico jurídico catastral.
“Con esta herramienta, a través del trabajo técnico de los equipos conformados en la provincia, se reconoce la ocupación de la comunidad sobre su territorio. Es importantísimo esto porque la ley 26.160 hoy es la única ley en el ámbito nacional que tiende a reconocer los derechos a la posesión de la propiedad comunitaria indígena. Esto no hubiera sido posible sin la predisposición y el trabajo de las organizaciones que recibieron sus relevamientos, sin el equipo técnico y sobre todo sin la voluntad política, la decisión del estado nacional y provincial de avanzar en el reconocimiento de derechos enmarcado en esta ley”, sostuvo.
Consultado sobre la propuesta de los candidatos de La Libertad Avanza, Javier Milei y Victoria Villaruel, de eliminar la normativa, respondió que no solo presentaron ya dos proyectos para derogar la ley que, remarcó, “permite reconocer el derecho a los estados indígenas”, sino que también han desconocido públicamente “el genocidio de los pueblos indígenas”.
“Desconoce la presencia de los pueblos indígenas en el territorio de lo que es Argentina, claramente tiene una visión de Estado que es sumamente regresiva. Si ellos llegaran a ganar esta elección, implicaría no solamente la derogación de esta ley, sino la derogación del organismo nacional (el INAI) que vela por el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Por eso es gravísimo y también por eso es que proponemos hacer esta entrega un día tan significativo como hoy, el último día de libertad de los pueblos originarios, y también sabiendo que Javier Milei vino a la provincia de Salta el 12 de octubre, en un día tan histórico para los pueblos, sería importante que los salteños y las salteñas le pregunten qué piensan los pueblos originarios”, remarcó Plaza.
Asimismo, remarcó que en la protección de los derechos territoriales de los pueblos también se enmarca el preservar otro modo de producir, de cuidar la tierra y de cuidar el medio ambiente.
En cuanto al cumplimiento de la Ley en Salta, Plaza informó que, en los últimos dos años, desde que asumió su gestión, se logró finalizar 90 relevamientos.
“Al día de hoy, la provincia de Salta ya tiene 290 comunidades relevadas en el marco de esta ley, con sus respectivas carpetas técnicas entregadas. Algunas todavía faltan entregar, vamos a hacer una última entrega de las que nos quedan pendientes la última semana de octubre en Tartagal, porque son muchos los departamentos del norte, y quedarían aproximadamente 110 comunidades por relevar, y que al día de la fecha las comunidades reconocidas por el Estado en la provincia de Salta son 500, siendo la provincia con mayor cantidad de comunidades indígenas de todo el país”, destacó.
Además, hizo hincapié en que el trabajo se pudo llevar adelante debido a que se le otorgó un presupuesto específico al cumplimiento de la Ley y, además, a través del Ministerio de Economía de la Nación se celebraron convenios con 8 provincias del país para implementarla”
“Solamente en lo que ha sido este año se han firmado 170 relevamientos, y el año pasado 40 más, entonces estamos hablando de más de 200 relevamientos que han finalizado producto de esta gestión y estos convenios realizados con las provincias, porque sostenemos que no solamente hace falta la organización comunitaria de las comunidades que pelean por sus relevamientos, sino también una visión política del Estado Nacional para que trabaje en conjunto con las provincias”, finalizó.