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Advierten sobre la “asfixiante” situación entre las farmacias y el PAMI

La situación financiera del PAMI con sus prestadores vuelve a encender alarmas en todo el país. Esta vez, desde el sector farmacéutico advierten que la deuda acumulada comienza a impactar de lleno en la atención a jubilados, en un contexto donde el margen de maniobra ya es prácticamente inexistente.

La presidenta de la Asociación de Propietarios de Farmacias de Salta, Susana Carrasco, expuso con claridad el cuadro crítico que atraviesa el sector: los incumplimientos en los pagos por parte de la obra social están generando serias dificultades para sostener el servicio.

“Habíamos acordado tres pagos de los saldos pendientes. Cumplieron dos, pero el último, que vencía a fines de marzo, hasta hoy 10 de abril tampoco se cumplió”, señaló. El reclamo no es aislado ni reciente. Según explicó Carrasco, tras una serie de reuniones en Buenos Aires entre autoridades del organismo, representantes farmacéuticos y funcionarios nacionales, se resolvió otorgar un plazo adicional para regularizar la situación. “Se acordaron cinco días de espera para cancelar los saldos pendientes”, indicó, aunque el cumplimiento efectivo sigue siendo una incógnita.

Desde las farmacias advierten que la falta de liquidez compromete la cadena de abastecimiento de medicamentos y pone en tensión la continuidad del servicio, especialmente para un universo altamente dependiente como el de jubilados y pensionados. En ese sentido, distintas entidades del sector ya venían alertando que “cuando los pagos no llegan a tiempo, se resiente toda la cadena de atención”, una advertencia que hoy empieza a materializarse en restricciones concretas. El escenario se agrava aún más si se observa el cuadro general del sistema.

Prestadores de distintas áreas de salud coinciden en que las demoras en los pagos no solo afectan a farmacias, sino también a clínicas, centros de atención y servicios vinculados a discapacidad. De hecho, estimaciones recientes ubican la deuda del PAMI en torno a los $700.000 millones, mientras que otros programas como Incluir Salud también arrastran atrasos millonarios. En paralelo, desde el organismo aseguran que los cronogramas de pago “se están cumpliendo dentro de los plazos establecidos”, aunque reconocen demoras puntuales en algunos sectores, lo que expone una brecha evidente entre la versión oficial y la experiencia concreta de los prestadores.

El resultado de esta tensión es previsible: servicios restringidos, profesionales al límite y pacientes en el medio. En algunas provincias ya se registraron recortes de atención y advertencias de nuevas medidas si la situación no se regulariza.

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