Amparo colectivo busca frenar la privatización de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima
Un nuevo recurso colectivo impugna la venta del 44 % de Nucleoeléctrica Argentina, argumentando que el decreto que habilita la operación vulnera la soberanía energética y carece de justificación técnica y económica.
Un concejal de Exaltación de la Cruz, Fernando Martínez, presentó un amparo colectivo ante la Justicia Federal con el objetivo de suspender la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NA-SA). La acción judicial cuestiona el Decreto 695/2025, que autoriza la venta del 44 % de las acciones a privados, y plantea que dicha medida es inconstitucional, además de representar un riesgo para la soberanía energética del país.
En su presentación, Martínez destaca que privatizar una empresa nuclear eficiente no tiene “justificación técnica ni económica”, sino que obedece a una decisión política que podría desarticular un activo estratégico. Además, solicita una medida cautelar inmediata para frenar cualquier proceso de licitación o transferencia accionaria hasta que se resuelvan los planteos judiciales.
El amparo advierte también sobre las posibles consecuencias para las tarifas eléctricas y el financiamiento del sistema energético. Según el escrito, la entrada de accionistas privados podría priorizar la rentabilidad por sobre el servicio público, dejando a los usuarios más expuestos.
Este recurso se suma a otro presentado días atrás por la diputada Gabriela Estévez, quien también pidió declarar la nulidad e inconstitucionalidad del decreto 695/2025 y de una resolución del Ministerio de Economía relacionada.
En su argumentación, Martínez subraya que NA-SA es un “bien público construido con décadas de inversión, conocimiento y compromiso argentino”. Además advierte que no puede venderse sin una consulta pública ni un control legislativo adecuado.
Por su parte, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) también se pronunció en contra del decreto, denunciando que la empresa no es deficitaria y señalando que la privatización podría afectar los derechos laborales y encarecer la energía.
A pesar de estos desafíos legales, no todos los tribunales han aceptado los amparos. En Formosa, por ejemplo, la Cámara Federal de Apelaciones rechazó una acción similar, sosteniendo que los demandantes no acreditaron un interés concreto diferenciable.
Fuente: Ámbito Financiero