Analizan las nuevas tasas municipales en el marco de la legislación en materia de control
Un proyecto para modificar la Ley 7.103 fue el punto de partida para que los legisladores acuerden con los miembros de la Auditoría el inicio de un trabajo conjunto con vistas a la modernización de la legislación existente en la materia.
El objetivo es lograr que los controles brinden mayor transparencia a la ciudadanía sobre la forma en que se administran los recursos públicos.
Motivada por la sucesiva incorporación por parte de distintos municipios de diversas tasas o tributos y la necesidad de controlar el correcto destino de esos fondos, la comisión de Economía, Finanzas Púbicas, Hacienda y Presupuesto del Senado convocó a autoridades de la Auditoría General de la Provincia (AGP).
El encuentro fue encabezado por el presidente de la Comisión, Juan Cruz Curá, y el vicepresidente primero del cuerpo, Mashur Lapad; junto a los senadores Jorge Soto, Manuel Pailler, Leopoldo Salva y Walter Cruz.
Por la AGP asistieron su presidente, Gustavo Ferraris, acompañado por Abdo Omar Esper. En el inicio del encuentro, Curá sostuvo que el proyecto de modificación de la Ley 7.103, de autoría del senador Gustavo Carrizo, apunta a optimizar los controles sobre los ingresos municipales en concepto de distintas tasas o tributos que las intendencias fueron incorporando en los últimos tiempos, en el marco de sus facultades autónomas y en la necesidad que la ciudadanía tenga a través de esos controles garantías sobre la transparencia en su administración.
Citó el caso de la Puna, donde se impusieron tasas de control ambiental, o en zona de frontera, donde se creó un tributo por el ingreso al pueblo de rodados y la necesidad de saber si realmente se cumplen esos controles o de qué manera esos fondos vuelven a la ciudadanía.
El senador Leopoldo Arsenio Salva acotó que hoy los pueblos de la Puna recaudan más por esos tributos que por coparticipación, al haber fijado la tasa de control ambiental en el 0,6% de la facturación de empresas locales y del 1,8% de empresas internacionales, lo que lleva a un monto mensual de cinco mil millones de pesos, cuya ejecución debe ser debidamente controlada.