Apuñaló a la hija de su expareja, lo condenaron y obtuvo prisión domiciliaria sin monitoreo policial
El exfuncionario provincial Oscar Mario Aguirre, de 71 años de edad, obtuvo el 23 de septiembre de este año la prisión domiciliaria sin monitoreo, luego de ser condenado en abril pasado a 11 años de prisión efectiva por haber intentado asesinar a la hija de su expareja en 2022 de 13 puñaladas.
Ante esta situación, Federico Ruiz Mattei, abogado querellante, presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de Impugnación Sala IV para que el victimario sea nuevamente alojado en la Alcaidía General, o en forma subsidiaria, “la inmediata aplicación del sistema de monitoreo”.
Aguirre fue beneficiado por la prisión domiciliaria en Finca La Lagunilla, ubicada en el ingreso a Salta, en inmediaciones al ex peaje Aunor, por la jueza de la Sala II del Tribunal de Juicio, María Montoya Quiroga, quien también lo condenó meses antes. También apeló la fiscala de la Unidad Especializada en Femicidios, Mónica Poma.
Aguirre fue condenado por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por mediar violencia de género en grado de tentativa.
“Lo llamativo es que Aguirre fue funcionario provincial y los contactos son evidentes. Hay una cuestión llamativa sobre el beneficio otorgado y es que no se observó ningún tipo de garantías para la víctima. Se otorgó el beneficio sin tener el informe de factibilidad de la UADME o SUMA (de seguimiento electrónico) y sin un sistema de monitoreo”, dijo a Nuevo Diario Ruiz Mattei.
Agregó que: “Solamente se aplicaron como medidas de seguridad rondas periódicas, es decir cuando puedan los policías ir hasta finca La Lagunilla. Sabemos que los policías no tienen ni hojas, menos tendrán para el combustible para ir a verificar. Aparte de no tener ningún sistema de monitoreo, deja el cumplimiento a su mera voluntad que no decida ir y atentar contra la víctima o la madre”.
“La jueza le dio prioridad a un supuesto estado de enfermedad grave que no se acredita en el expediente. Se habla de tiroides, pero no se llega a constatar la supuesta gravedad que de alguna manera justifique la procedencia legal y que no pueda ser tratado en la Unidad Carcelaria”, señaló el abogado, a la vez que remarcó que se pasó por encima las garantías de protección de la víctima.
Detalló que no se incorporó un informe psicológico que pueda garantizar la estabilidad emocional de Aguirre y que no decida atentar nuevamente contra la vida de la víctima.
“Jamás en mi vida me tocó vivir una situación de violencia de género en donde se otorgue en un crimen con tanto odio hacia la mujer, un beneficio al agresor sin ningún tipo de monitoreo, con el agravante de la cuestión de género como en este caso”, afirmó.
Ruiz Mattei lamentó que la víctima viva con miedo de volver a ser atacada luego de enterarse que su agresor no tiene ningún tipo de control.
Los hechos
La agresión ocurrió el 3 de agosto de 2022, en una vivienda de barrio Santa Ana. Ese día, pasada la medianoche, Aguirre le asestó 13 puñaladas a la hija de su expareja, que estaba acompañada de su niño de cuatro años.
La víctima, de 39 años, fue trasladada al Hospital San Bernardo con heridas cortantes en la región del tórax. Quedó con secuelas que afectan el ejercicio de su profesión, pues en el ataque le cortó el nervio de un brazo.
La expareja del acusado refirió que se encontraba separada del sujeto desde hacía alrededor de tres meses, pero él seguía yendo a su domicilio a lavar o a buscar ropa. Dijo que su hija le había exigido que se fuera de la casa y a raíz de eso él la había amenazado advirtiéndole que “las cosas no iban a quedar así”.
La noche del hecho, el imputado entró a la habitación de la víctima con una navaja y la atacó. La expareja del sujeto intervino y la damnificada pudo escapar al fondo del domicilio, donde se encerró.
Aguirre fue presidente del IPV y ministro de la Producción y Empleo durante el Gobierno de Juan Carlos Romero. Tuvo un cargo político en la Secretaría de la Gobernación en 2008 durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey.
En 2022, fue contratado como gerente de Coordinación entre el Ejecutivo Municipal y el Tribunal de Cuentas de Municipalidad de la Ciudad de Salta en asuntos de Obras y Servicios Públicos.