Argentina refuerza defensa legal en EE.UU. para frenar entrega de control de YPF
El Gobierno presentó su alegato ante la Corte de Apelaciones de Nueva York para extender la suspensión de la transferencia del 51 % de las acciones de la petrolera.
Argentina formalizó ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York su ofensiva jurídica para prolongar indefinidamente la suspensión de la entrega del 51 % del paquete accionario de YPF, ordenada en primera instancia por la jueza Loretta Preska. Con ese paso, el Estado busca impedir cualquier transferencia que ponga en riesgo su control sobre la principal petrolera del país, a la espera de un fallo de fondo.
En su presentación, el Gobierno reforzó varios argumentos clave: alegó que las acciones no están ubicadas en EE.UU., por lo que están protegidas por la Ley de Inmunidades Soberanas; señaló que su cesión sin autorización legislativa violaría la soberanía nacional; y advirtió que la determinación, de avanzar, generaría un daño irreparable en lo institucional y económico. Asimismo, aseguró que quienes demandan (Burford Capital, Petersen o Eton Park) no acreditaron perjuicios inmediatos en caso de demorar el fallo.
Con estas presentaciones, la Argentina busca consolidar una medida cautelar que estuvo vigente temporalmente tras un primer fallo que ordenaba transferir las acciones en un plazo de 72 horas, medida que luego fue suspendida por la Cámara mientras se evaluaba la apelación. Si la Corte de Apelaciones mantiene el freno, el país conservaría margen para discutir el fondo del caso sin enfrentar sanciones por desacato.
Justicia de EE.UU.
Un elemento decisivo fue el acompañamiento explícito del Departamento de Justicia de EE.UU., que en calidad de amicus curiae avaló los planteos argentinos. En su escrito, ese organismo enfatizó que forzar la entrega de activos soberanos ubicados en el país demandaría un precedente que afectaría la inmunidad de otros estados y las relaciones diplomáticas internacionales.
En paralelo, los fondos demandantes manifestaron reservas frente a la participación estadounidense y advirtieron que podrían aceptar garantías alternativas, aunque rechazaron la suspensión sin garantías concretas. El juicio principal, que condena a Argentina a pagar más de 16 000 millones de dólares por la expropiación de 2012, permanece en apelación en la Corte de Apelaciones, aunque los tiempos para resolver esa instancia podrían extenderse hasta 2026.
El tribunal de segunda instancia no tiene plazos urgentes para pronunciarse, aunque podría fallar sobre la suspensión a la brevedad. Una decisión positiva daría un respiro a la Argentina y consolidaría su estrategia mientras el fondo se revisa. En caso contrario, se activaría la orden de Preska y el país quedaría expuesto al riesgo de un desacato que podría complicar sus nexos financieros internacionales.
Fuente: Ámbito Financiero