Aseguran que la justicia salteña “hace oídos sordos” a denuncias de víctimas de violencia

Hartazgo, cansancio, y sobre todo mucho dolor es el que viven víctimas de violencia familiar a partir de un interminable derrotero que incluyen paseos por los pasillos de Ciudad Judicial, que en plena feria ya presentan dificultades en la celeridad y el abordaje de las denuncias. Y como corolario de este cuadro, las resoluciones, nunca más lejanas de esas víctimas y dejándolas totalmente a su suerte.

Según publica Diario Info Salta, por más de seis años, G. luchó contra un sistema judicial que, lejos de protegerla, avaló la impunidad de su agresor. Hoy, junto a sus hijos y perros, viven en su vehículo estacionado en una plaza ubicada en la zona norte de la capital salteña. Desde el 2019, la víctima viene denunciando a su ex esposo por violencia física, sexual y psicológica, así como por el abuso de sus dos hijas, en ese entonces, menores de edad, “son más de 40 denuncias las que hice, y la justicia termina protegiendo a este hombre”, manifestó la mujer, que también dio a conocer las múltiples oportunidades en que recurrió al Polo de la Mujer, a la OVIF, también a pedir un defensor oficial. “Pero nadie me apoyó, en el Poder Judicial me decían que como tenía recibo de sueldo no me podían asistir, pero no podía ni pagar un abogado”, lamentó.

Lejos de encontrar protección, G. y su familia fueron desalojados de su hogar por orden de la Jueza Ada Zunino y ahora sobreviven en un auto, enfrentando el abandono institucional y el frío de la indiferencia.

A pesar de las pruebas de la donación del inmueble a sus hijos y las constantes violaciones a la perimetral, la justicia falló en contra de esta golpeada familia, dejando a las víctimas en situación de calle y al agresor ocupando la vivienda.

No es el único caso

“No se trata de un caso aislado”, señaló a Nuevo Diario, Yanela Barrios de Madres Protectoras de Salta, quien viene advirtiendo el abandono del sistema judicial a mujeres y sus familias en situación de vulnerabilidad: “Vemos con mucho dolor que los agresores se están quedando en los hogares y que las excluidas son las mujeres, donde además los agresores van en contra de sus propios hijos”.

Nuevo Diario accedió a una denuncia reciente contra un padre que violentó a sus tres hijos durante la noche de Año Nuevo, con graves consecuencias psicológicas en uno de ellos. A pesar de todo lo expuesto en las denuncias realizadas por los hijos, incluido el hecho de que el denunciado se encuentra en la vivienda que es familiar, y de alertar que uno de los hermanos es menor de edad, la jueza María Carolina Cáceres Moreno no dictó exclusión del hogar, por lo que el violento denunciado permanece en esa casa, y los hermanos, junto a su madre, están

en casa de su abuela y a expensas de un sistema de oídos sordos y de escueta sensibilidad.

“Lo peor de todo esto es la indiferencia de los organismos que deben encargarse de todo esto”, señaló Barrios, que viene acompañando cada uno de estos casos, y ve fracasar sus gestiones ante las instituciones oficiales que se suman al tono de época que encabeza la gestión del presidente Javier Gerardo Milei, y que promueve además de políticas antiderechos, el descrédito total a las denuncias de víctimas de violencia.

La importancia de los espacios de contención y el vacío del Estado

Barrios resaltó la importancia de los espacios de contención de mujeres y disidencias en tiempos de negacionismo. En esa línea, los encuentros permanentes de la Asamblea Lesbotransfeminista de Salta, entre otras organizaciones, marcan un antes y un después en la organización de mujeres y disidencias en toda la provincia, cansadas ya de permanecer invisibles frente al Estado provincial.

Nuevo Diario dialogó también con la periodista feminista Teresita Frías, quien viene acompañando también cada uno de estos casos desde la mencionada Asamblea Lesbotransfeminista y concluyó: “Este caso es un claro ejemplo de la violencia institucional que sufren las víctimas de violencia de género en la provincia. Además de lo que tuvieron que padecer durante seis años, ahora que se hace público el caso, mandan prisión preventiva al abusador pero sigue prohibiendo el regreso de esta familia a su hogar construido con el esfuerzo y trabajo de G., y a cambio la justicia alecciona a esta docente reprimiéndola con la policía. Aquí es el claro ejemplo de cómo el sistema judicial perpetúa la impunidad y el maltrato, mientras el estatal vende humo en las redes y desatiende a las víctimas”.

Asimismo, Frías se refirió a los sucesivos momentos de revictimización que sufrió G. a lo largo de estos años: “Esta mujer, buscando amparo, fue violentada nuevamente por el mismo aparato que debería protegerla. Más de 40 denuncias durante estos seis años, idas y vueltas al Polo de la Mujer y nadie hizo nada, ahora una asesoría de menores que lejos de proteger a una de las víctimas menor de edad, mira al costado cuando es desalojada junto a su familia y mascotas para dormir en un auto en la vía pública. La represión, la falta de recursos y la ineficacia de los organismos encargados de la protección, evidencian cómo las víctimas, incluso en la capital, enfrentan un sistema que no las ampara. ¿Qué pueden esperar las mujeres de las zonas rurales, donde los servicios de asistencia son prácticamente inexistentes? Este caso no es aislado; es la violencia estructural que afecta a cientos de mujeres y niños en nuestra provincia donde están a merced de funcionarios judiciales puestos a dedo por amiguismos o política, donde lo que menos tienen es perspectiva de género”, cerró.

Condenado por violencia

Un hombre de 39 años fue condenado a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional por los delitos de coacción (dos hechos), amenazas y desobediencia judicial (tres hechos) en concurso real.

El fallo fue dictado en el marco de un juicio abreviado en el que el acusado reconoció su culpabilidad y aceptó la pena propuesta por la fiscalía. La denunciante también dio su conformidad. El procedimiento se llevó a cabo dentro del Plan Piloto de Oralidad.

El juez Mario Maldonado le impuso al condenado una serie de reglas de conducta por el término de dos años, entre las que se destacan la prohibición de acercamiento a la víctima a una distancia menor de cien metros; abstención de ejercer hechos de violencia en perjuicio de la damnificada; prohibición de comunicación por cualquier medio.

El hombre fue denunciado en noviembre del año pasado por su expareja. Ella expuso que el día del hecho la amenazó. Contó que la interceptó cuando ella fue a dejar a sus hijos en la escuela, discutieron y horas más tarde trepó una tapia e ingresó a su vivienda por la fuerza.

Acusado de lesionar a su pareja

El fiscal penal Daniel Alejandro Escalante, interino en la Fiscalía Penal de Cerrillos en feria, imputó de manera provisional a un hombre de 35 años por la presunta comisión de los delitos de lesiones leves agravadas por la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género, daños y violación de domicilio, todo en concurso real. La mañana del pasado 5 de enero, la damnificada, pareja del acusado, con quien tiene 1 hijo en común y cursa un embarazo de siete meses, denunció que el hombre se hizo presente en la vivienda que alquila. En determinado momento, el sujeto se habría tornado violento, solicitándole el usuario y contraseña de su cuenta de banco. Ante la negativa por parte de la damnificada, el sujeto le habría sustraído su documento de identidad y se retiró.

Cuando el individuo regresó y quiso ingresar a la vivienda, la denunciante, temiendo por su integridad física, bloqueó el acceso, utilizando una mesa, ante lo cual su pareja se retiró.

No obstante, más tarde regresó y de manera agresiva, intentó ingresar, violentando la puerta, amenazando a la damnificada y ocasionando daños. Cuando la mujer le devolvió las pertenencias al acusado, este tomó un palo de escoba, con el que la habría agredido y golpeado a la altura del brazo derecho, y luego le habría dado un puntapié a la altura del estómago, lo que sucedió en presencia de los otros dos hijos menores de la denunciante.