Audiencias por luz: fuerte alerta por posibles aumentos en las tarifas de energía
Tras los anuncios de recortes en subsidios y aumentos en las tarifas de energía eléctrica y el consecuente ajuste, el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP) llevó adelante este jueves y viernes dos jornadas de audiencias públicas no vinculantes para revisar el servicio eléctrico y de agua en la provincia.
Allí se confirmó un dato que preocupa a todo el norte salteño: más de 134.500 familias de bajos ingresos podrían quedar expuestas a subas si Nación avanza con la quita de beneficios y si se discontinúa la tarifa diferencial para zonas cálidas, que hoy alcanza a 106.000 usuarios.
Las advertencias en la audiencia
El presidente del ENRESP, Carlos Saravia, abrió las audiencias aclarando que el encuentro no fue convocado para aumentar tarifas. “Esta audiencia no tiene que ver con actualizaciones tarifarias, sino con la calidad del servicio, los subsidios y los planes de contingencia para el verano”, remarcó, llevando tranquilidad a los 390.000 usuarios del sistema eléctrico. Sin embargo, el eje que atravesó ambas jornadas fue la revisión de los subsidios sociales y geográficos, en un momento en el que el Gobierno nacional busca recortes y el precio mayorista de la energía sigue en alza, encareciendo la compra que EDESA realiza a CAMMESA e impactando de forma directa en las facturas.
Según detalló Saravia, actualmente hay 134.500 familias que acceden a la tarifa social, destinada a hogares con ingresos menores a 800 mil pesos, lo que reduce a la mitad el valor que pagan respecto del resto de los usuarios. Otras 20.000 familias se encuentran en condiciones cercanas a la indigencia, con descuentos que van del 60% al 100%. El funcionario advirtió que el nuevo esquema nacional de subsidios focalizados (SEF), previsto para entrar en vigencia en 2026, podría modificar de manera profunda este esquema de asistencia.
El riesgo para las zonas cálidas
Uno de los puntos más sensibles fue la continuidad de la tarifa diferencial por zona cálida, vigente entre noviembre y marzo, que otorga entre 30% y 50% de descuento a usuarios de Orán, San Martín, Rivadavia, General Güemes, Anta, La Candelaria, El Galpón y El Potrero. Ese beneficio, pensado para regiones donde las altas temperaturas obligan a un mayor consumo eléctrico, alcanza a 106.000 familias. Su continuidad está en revisión desde hace meses, según reconoció Saravia, quien advirtió que un eventual recorte dejaría a miles de hogares en situación crítica. “Son tiempos difíciles. Mucha gente viene buscando planes de pago o pidiendo un préstamo después de un corte. La plata no alcanza como antes y estas familias son las que más necesitan ayuda”, expresó.
EDESA presentó obras, planes de contingencia y auditorías
Durante las audiencias, la empresa distribuidora expuso su plan preventivo para los períodos de mayor demanda, con refuerzos operativos y logísticos para asegurar la continuidad del servicio. También presentó el plan de obras 2026-2027, que contempla ampliaciones de estaciones transformadoras, renovación de infraestructura obsoleta, construcción de nuevos distribuidores y refuerzos en zonas estratégicas del interior. El ENRESP, por su parte, presentó auditorías recientes que evidencian mejoras en los tiempos de atención, aunque señalan déficits edilicios y de accesibilidad que deberán ser corregidos.
Otro de los debates fue la necesidad de establecer por ley una periodicidad mínima de audiencias públicas, en línea con la Ley 8457, para fortalecer la transparencia en la actualización de costos y en la determinación del Valor Agregado de Distribución. También se repasó el marco legal de facturación, recordando que los usuarios pueden exigir el cobro separado de conceptos que no estén vinculados de forma directa con el servicio eléctrico, tal como lo habilita la normativa provincial y la Resolución 933/22.
El organismo presentó además un nuevo asistente por WhatsApp, disponible las 24 horas, que permitirá mejorar la accesibilidad y la trazabilidad de reclamos y consultas. A esto se suman programas de capacitación sobre uso eficiente de la energía, la implementación de la Ley de Balance Neto y acciones educativas en escuelas, municipios y organizaciones comunitarias.